Como muchos otros ante las políticas del gobierno Petro, el columnista y empresario Thierry Ways cuestiona la llamada ‘transición energética justa’. Ways se burla, por ejemplo, del uso de la palabra “justicia”. Argumenta que Colombia no está cometiendo ninguna injusticia con las generaciones futuras. “Los daños (ambientales)”, dice, “no necesariamente serían responsabilidad de los colombianos de hoy, que no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero”.
Tiene razón. La historia climática nos enseña que ni Colombia ni ningún otro país emproblemado y endeudado es realmente responsable del caos climático. Distintos estudios recientes explican que durante los últimos 25 años las emisiones del 1 % de los seres humanos más ricos del mundo doblaron las del 50 % de la población más pobre. La responsabilidad por el impacto se distribuye de manera muy desigual y quizá habrá una oportunidad de pedir reparaciones a los países ricos en el futuro.
Pero ese debate pierde de vista otro, que lleva hirviendo en Colombia por décadas. Otro debate que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, en un país que siempre había votado por hombres que no se parecen a él. Es el debate sobre las consecuencias y heridas que ha dejado entre nosotros el extractivismo. Nos han hablado sobre estas heridas, por décadas, en La Guajira. La mina a cielo abierto ha dejado un legado de carencias en las familias. Un legado de contaminación que, pese a las inversiones en responsabilidad social y siembra de árboles, está trenzado con los vientos de la región. Un legado que puede rastrearse hasta los pulmones y las historias clínicas de los habitantes. Un legado de violencia que arreció contra trabajadores sindicalizados. Que no ha generado alternativas educativas amplias, ni redistribuciones que les permitan a generaciones de trabajadores imaginarse otro trabajo.
Nos han hablado de estas heridas desde tantas otras regiones. Los compuestos orgánicos volátiles, que escapan y llegan al aire, durante varias etapas del procesamiento del petróleo crudo en las refinerías, tienen y tendrán impactos fuertes en la salud de quienes viven cerca. En el agua, el aire, los animales. Pero, sobre todo, el extractivismo, de crudo o minerales, no llevó a este país a ninguna panacea. Violencia, corrupción y desigualdad son adjetivos que definen la vida cotidiana de muchas personas en municipios mineros.
Para entender la disyuntiva de poblaciones basta escuchar al movimiento social que se consolidó en contra del fracking en el Magdalena Medio durante los últimos años. “Nos organizamos”, me explica Yubelis Morales, lideresa de Puerto Wilches, “para luchar contra el fracking… pero también para rechazar la destrucción de los ecosistemas, la violencia, la muerte y el desplazamiento forzado por defender los territorios”. Puerto Wilches, pese a bonanzas cercanas de petróleo y una megaindustria palmera, sigue siendo un lugar en el que no hay redistribución alguna de las oportunidades y la prosperidad. Frente a esta realidad, que prometía agravarse con los pilotos de fracking, la juventud tuvo que organizarse. Wilches, describe Morales, “tiene paisajes indescriptibles, somos ribera del río más grande de Colombia, el Magdalena, tenemos un complejo de humedales… somos corredor del jaguar y en nuestras aguas de ciénaga de paredes está el manatí antillano, allá tenemos mucho… por años he visto que esto es un ciclo constante en el que la avaricia de pocos nos condena a muchos”.
Una transición que haga la vida mejor en Wilches, en Albania, Barrancas, Hatonuevo, Istmina, Nóvita, Quibdó, Tarazá y Barrancabermeja es justamente justa.
