Sobre la decencia y la promesa de lo imposible

La decencia, distinta a la ley o a la justicia, es la cualidad que apela a las buenas costumbres, a la capacidad de actuar de tal manera que nadie que detalle la vida del decente pueda señalar un evento reprochable. Dijo Emilio Lledó en los días que se ganó el Premio Princesas de Asturias, que siguiendo las ideas de Aristóteles, la política es “una tarea para hombres decentes”. Así de deseable, el valor se ha convertido en bandera de varias propuestas política alternativas de los últimos años como las de Antanas Mockus, Sergio Fajardo, Judith Pinedo o la llamada Lista de la Decencia del Pacto Histórico.

A pesar de la aparente transparencia que suscita pensar en la decencia y su hermandad con la ética, la polisemia del concepto lo vacía de significado. No es claro cómo se determina cuáles son las tales buenas costumbres que le encierran y una cosa es hablar de la decencia en el ámbito más íntimo y otra cosa es pretender trabajar con ella en lo colectivo y desde una máquina cuyas lógicas y estructuras distan en muchas instancias de lo justo o lo decente. Entonces, sí, cuando un político candidato se atribuye tal virtud como punta de lanza reconoce la existencia de los otros y el mandato de la dignidad. Pero en la realidad del escenario político, quien accede a un cargo público abre las fronteras de su acción individual a diferentes subjetividades. Al acceder a trabajar por el llamado bien común desde organizaciones que por su propia naturaleza —el congreso, una gobernación, la alcaldía de una ciudad— traen vicios informales y formales, se obliga también a tomar decisiones que afectan a grandes grupos de personas y que no benefician a la totalidad, en muchos casos ni siquiera a la mayoría.

Un ejemplo obvio es pensar en Sergio Fajardo. Si es cierto que el proyecto hidroeléctrico Hidroituango —y el desvío del cauce del segundo río más importante del país— no fue contratado por la administración de Fajardo, el año pasado La Silla Vacía habló de momentos decisivos en los que el exgobernador pudo haber hecho algo distinto y no lo hizo: decidió no estar en la junta de la empresa encargada de verificar el proyecto, hizo poco caso ante las alertas y las advertencias, no presionó a EPM para que a su vez presionaran a los contratistas. Cuando el escandalo le salpicó y fue señalado como uno de los responsables fiscales del desfalco y la negligencia, Fajardo y sus seguidores salieron a defenderse nuevamente cobijados por la decencia, como si no fuera obvio que ante el proyecto y el desperdicio de lo público, lo decente pasaba de la pasividad o de mirar a otro lado. Y a pesar de eso, ahí estuvo en 2022 sacando bandera en las presidenciales usando como línea de campaña: “Que la decencia no nos de pena”. Me pregunto si no da más pena hablar así, prometiendo desde una burbuja no ensuciarse las manos para limpiar el desastre. ¿Entonces quién lo ha hecho y lo hará por él?

El caso de Judith Pinedo, que recurrió a la unidad —y no la decencia— durante su campaña a la alcaldía de Cartagena en 2007, dista del de Fajardo en que no fue ella sino sus compañeros y seguidores quienes le endilgaron esa bandera, la de la mujer decente. Pinedo, que tiene el mérito quimérico de ser de las pocas alcaldías de los últimos 35 años que entregó una ciudad con una salud financiera medianamente aliviada y resultados inéditos en disminución de pobreza y erradicación del analfabetismo, fue investigada y apresada injustamente durante casi dos años. Como parte de la campaña de activismo que buscó durante ese tiempo demostrar la inocencia de Pinedo, se explicó una y otra vez que su administración, siguiendo las disposiciones de la Ley Tocaima, dispuso de una serie de terrenos declarados baldíos por la alcaldía de Nicolás Curi para, a través de su venta, financiar varios de los proyectos sociales que urgía la ciudad.

Algunas notas de prensa de hace 15 años dan cuenta de cómo —en años previos a su posesión, pero suficiente cercanos para que Pinedo conociera la situación a través de su experiencia como personera, concejal y directora de Funcicar— ese mecanismo, el de declarar terrenos baldíos para luego venderlos a menor precio a personas cercanas al alcalde, era común durante el reinado de Curi. Por eso aún hoy, algunos de esos terrenos habitados en su mayoría por personas empobrecidas y racialziadas siguen en disputa en varias zonas de la ciudad. Es inverosímil que la alcaldesa no supiera lo problemático que era vender esos terrenos, pero era legal, estaban a la mano y primaron otros intereses. Creo que varios hubiéramos hecho lo mismo, lo cual no deja de lado que la decisión lejos de decente, fue difícil, arriesgada y recurrió a lo que entonces se consideró el mal menor. Porque nadie duda de las capacidades extraordinarias que tiene Pinedo para unir frente al disenso, para liderar proyectos que parecen utópicos y hacer que la ciudad inmóvil se mueva. Pero convendría hacer un cambio de banderas.

En tiempos virales, la política ha demostrado no ser un campo para los solapados. Atrás van quedando aquellos que niegan su humanidad y esconden las grietas de sus proyectos para mostrarse intachables. Así, lo más lamentable del proyecto de la decencia termina siendo la evidente negación en la que viven sus abanderados, que además parecen no notar su parcial complicidad en algunos de los proyectos que tanto rechazan. A fin de cuenta, lo que se espera del o la lideresa elegida no es mucho más que la oferta de dignidad y mejor calidad vida posible para todos, porque para definir las buenas costumbres ya está el Manual de Carreño.