En Colombia disfrutamos de una democracia participativa, donde los ciudadanos pueden participar directamente en las decisiones políticas mediante el referendo, plebiscito, consulta popular, cabildo abierto, etc.
Pero seamos sinceros: la utilidad de esas instituciones es limitada. A veces pueden ser ignoradas, como en el plebiscito por la paz, o ninguneadas en la práctica, como en el referendo por el agua.
Además, en cuanto a nuestro control sobre las decisiones de las élites políticas, podríamos considerar otras instituciones más pertinentes y efectivas*, de manera que tengamos alternativas para contestarle a un Congreso, por ejemplo, que toma decisiones antipopulares.
En la vieja tradición republicana a la que pertenecían Maquiavelo y Condorcet, y a la que yo no tengo más remedio que adherirme, ya se ha pensado en cómo fortalecer el control popular de las élites: instituciones populares o plebeyas.
En efecto, los republicanos (nada que ver con el partido de Trump) sostenemos que los ciudadanos deberíamos tener oportunidades efectivas, y no solo de difícil puesta en práctica, para contestar las decisiones de las élites políticas más altas.
Lo anterior significa, entre quienes optamos más por el republicanismo popular, que las susodichas decisiones no solamente deben pasar por los controles liberales clásicos (que, al final, son controles de élites como el Congreso, las Cortes, etc.) sino también por el control popular directo.
Maquiavelo, por ejemplo, alababa las instituciones populares de la antigua Roma, como el tribuno del pueblo y los censores plebeyos (los que aparecen con las “leyes publilianas”), pues estas podían contestar el poder de las élites políticas. En el primer caso, por ejemplo, por medio del veto de aquellas decisiones que no fueran convenientes para la gente común.
Condorcet proponía asambleas populares institucionalizadas que pudiesen, por vías legales, protestar o contestar las decisiones de las élites representativas. ¿Por qué? Señalaba que en el gobierno representativo, las élites, a pesar de su división formal en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podían unirse para atacar los intereses del pueblo. Así pues, una asamblea popular debería poder apelar una decisión que considerase inconveniente.
De manera más reciente, McCormick ha propuesto un tribunato del pueblo: 50 ciudadanos no ricos, seleccionados por lotería, que puedan vetar leyes, llamar a referendos y destituir políticos. Para no bloquearlo todo, el tribunato solo podría vetar una ley, un decreto o un fallo judicial al año, por lo que debería pensar muy bien lo que hace.
Con lo anterior, los costosos y a veces engorrosos procedimientos que nuestra democracia ha pensado para contestar las decisiones de las élites, como un referendo para derogar una ley, quedarían complementados. Las asambleas populares, o un tribunato, podrían ejercer poder popular real de manera autónoma, sencilla, efectiva, y sin requisitos censitarios muy difíciles de cumplir.
No se me escapa que el pueblo a veces tiene un lado oscuro, que puede oponerse al progreso, que no siempre es ilustrado. Pero lo mismo podríamos decir de las élites, incluso las de izquierda. Y creo que les hacen falta a todas contrapesos populares más efectivos.
*La consulta previa es una de las instituciones colombianas más efectivas para ejercer control popular sobre decisiones de la élite, pero no es universal: solo aplica para las comunidades étnicas.
Por Tomás Molina
