TRATÁNDOSE DE LA LECTURA DE textos impresos, el tamaño de la letra sí importa. Debería reclamarse como un derecho humano —muy humano—, que aquellos se editen con caracteres de un tamaño mínimo que asegure su legibilidad para toda persona, incluidas las que sufren limitaciones visuales genéticas o causadas por la edad.
Emplear letra diminuta delata la típica actitud desconsiderada hacia una minoría ínfima e irrelevante, cuyos derechos —derechos de lector— no han justificado siquiera el costo de una impresión con calidad. Hay quienes sospechan que la escala microscópica de ciertos documentos comerciales —facturas, contratos bancarios, pasajes aéreos— constituye una deliberada estrategia para hacer invisibles cláusulas leoninas para la parte débil de la transacción. Tal vez por eso la suspicacia popular acuñó la expresión “letra menuda” para nombrar aquellas minucias aparentemente inofensivas detrás de las cuales se ocultan condiciones gravosas para el usuario o consumidor.
No puede ser aceptable que aún las personas con visión normal tengan que hacer esfuerzos visuales para leer la garantía de un electrodoméstico, las cláusulas del pagaré, las instrucciones sobre manejo de aparatos electrónicos, textos éstos que nunca sobrepasan la escala de 8. Tampoco que haya que sacarse un ojo llenando los formularios de trámites cotidianos, públicos o privados, o descifrando la información detallada contenida en las facturas de servicios públicos domiciliarios. ¿Por qué, en cambio, la letra de la propaganda comercial —ofertas y anuncios de nuevos productos— se excede en grandes caracteres, resaltados mediante colores llamativos?
Una letra tan pequeña como la que se emplea en las indicaciones de los medicamentos (posología, contraindicaciones, vencimientos) puede crear riesgos para la salud. Y la reducidísima escala en que se están imprimiendo los cuestionarios de los exámenes del Icfes, de admisión a universidades, Ecaes y de concursos públicos, añade una dificultad injustificable para responderlos con holgura.
La saludable popularización de obras literarias clásicas y del pensamiento universal no debería hacerse a costa de degradar en exceso la calidad editorial de tales productos, incluida la letra y su tamaño. Para fortuna de los lectores cegatones, la tecnología les permite personalizar la dimensión de la “fuente” en textos virtuales y de paso les ahorra la tortura de las ediciones comprimidas de enciclopedias y diccionarios.
En gesto comprensivo, El Espectador escuchó a los suscriptores que sugirieron agrandar la letra en las columnas de opinión. Y aunque levemente restrictivo para los articulistas, este cambio de dimensión nos disciplina con las virtudes romanas de la brevedad y sobriedad en el discurso: esto brevis et placebis (sé breve y agradarás), gritaba el pueblo a los tribunos.
En lugar de tantas resoluciones cargadas de gravosos requisitos a los ciudadanos (planillas únicas, registros inútiles, etc.), los ministerios, las superintendencias y comisiones de regulación deberían utilizar su potestad normativa para proteger a estas minorías “sin importancia”, cuya existencia podría hacerse menos penosa. Por si necesitan una inspiración, la Comunidad Europea ha comenzado ya a preocuparse por este derecho al normar los formatos de las etiquetas en los productos.
