SI LOS DEBATES SOBRE GESTIÓN PÚblica han de tener un referente objetivo mínimo, el Departamento Nacional de Estadística debería perder su condición de engranaje del Gobierno y ganar la de órgano autónomo en la Estructura del Estado.
En una democracia deliberativa la discusión política —incesante e intensa— gira en torno al éxito o fracaso de la acción gubernamental. La polémica versa, entonces, sobre la explicación e interpretación de los datos que instancias imparciales suministran, mas no sobre la veracidad de los datos que sirven de marco a la controversia. Las estadísticas, como información pública, pertenecen al Estado, no al Gobierno. El significado originario de la palabra alemana ‘statistik’ —análisis de datos estatales— así lo sugiere.
De allí que la confianza en la objetividad de la información cuantitativa estatal ha de quedar por fuera del debate político. Esa fe —asunto de creencia— constituye el acuerdo mínimo inicial entre los sujetos que habrán de confrontarse y discrepar. Sin ese preacuerdo, la opinión ciudadana naufraga en un caos de acusaciones y apologías, sin asidero sólido, sin siquiera un poco de racionalidad.
Desconceptuar las instituciones estadísticas del poder ejecutivo como simples instrumentos de propaganda —maquilladores de datos sobre inflación, desempleo, criminalidad, etc.— en favor del gobierno de turno, podría ser una generalización injusta. Así, por ejemplo, resultaría inaceptable acusar de ese tipo de corrupción a los científicos y técnicos del Instituto Nacional de Estadística de España, por el hecho de ser éste una “entidad autónoma, adscrita al Ministerio de Economía”. Sin embargo, el problema reside en que la confianza pública no es sólo cuestión de virtudes éticas personales sino, ante todo, de garantías institucionales y requisitos procesales de credibilidad.
Por ello, en nuestro contexto de bajo desarrollo institucional y precariedad democrática, es aconsejable eliminar de antemano toda fuente de duda, sospecha o suspicacia sobre la fiabilidad de las cuentas oficiales; es conveniente desactivar todo ingrediente nutricio de las prevenciones sobre manipulación estadística. Lo cual será muy difícil mientras el DANE no alcance un estatus jurídico o fáctico (por reconocimiento) de instancia científica independiente, con autonomía similar a la del Banco de la República, la Registraduría del Estado Civil o la Comisión del Servicio Civil. La razonable propuesta fue sugerida en la Asamblea Constituyente de 1991 y goza de fundamento conceptual: la actual teoría del Estado identifica la “Función Estadística Pública” (nombre de la Ley 12 de 1989 de España) como una función de naturaleza diferente a la función ejecutiva-administrativa.
Como todos los asuntos de ciencia, las estadísticas —verdadero tesoro social— no pertenecen al poder de la mayoría ni al de la minoría. Entonces la recurrente pregunta: “¿Dónde mercan los encuestadores del DANE?” debería suscitar un debate teórico sobre representatividad de la muestra estadística, corrección de la metodología de procesamiento de datos, etc., mas no un debate político. Las actuales dudas sobre qué se entiende por “desempleado” o “subempleado” y cómo se están midiendo tales variables, tendrían su mejor espacio en las comunidades científicas, no tanto en los partidos políticos.
SI LOS DEBATES SOBRE GESTIÓN PÚblica han de tener un referente objetivo mínimo, el Departamento Nacional de Estadística debería perder su condición de engranaje del Gobierno y ganar la de órgano autónomo en la Estructura del Estado.
En una democracia deliberativa la discusión política —incesante e intensa— gira en torno al éxito o fracaso de la acción gubernamental. La polémica versa, entonces, sobre la explicación e interpretación de los datos que instancias imparciales suministran, mas no sobre la veracidad de los datos que sirven de marco a la controversia. Las estadísticas, como información pública, pertenecen al Estado, no al Gobierno. El significado originario de la palabra alemana ‘statistik’ —análisis de datos estatales— así lo sugiere.
De allí que la confianza en la objetividad de la información cuantitativa estatal ha de quedar por fuera del debate político. Esa fe —asunto de creencia— constituye el acuerdo mínimo inicial entre los sujetos que habrán de confrontarse y discrepar. Sin ese preacuerdo, la opinión ciudadana naufraga en un caos de acusaciones y apologías, sin asidero sólido, sin siquiera un poco de racionalidad.
Desconceptuar las instituciones estadísticas del poder ejecutivo como simples instrumentos de propaganda —maquilladores de datos sobre inflación, desempleo, criminalidad, etc.— en favor del gobierno de turno, podría ser una generalización injusta. Así, por ejemplo, resultaría inaceptable acusar de ese tipo de corrupción a los científicos y técnicos del Instituto Nacional de Estadística de España, por el hecho de ser éste una “entidad autónoma, adscrita al Ministerio de Economía”. Sin embargo, el problema reside en que la confianza pública no es sólo cuestión de virtudes éticas personales sino, ante todo, de garantías institucionales y requisitos procesales de credibilidad.
Por ello, en nuestro contexto de bajo desarrollo institucional y precariedad democrática, es aconsejable eliminar de antemano toda fuente de duda, sospecha o suspicacia sobre la fiabilidad de las cuentas oficiales; es conveniente desactivar todo ingrediente nutricio de las prevenciones sobre manipulación estadística. Lo cual será muy difícil mientras el DANE no alcance un estatus jurídico o fáctico (por reconocimiento) de instancia científica independiente, con autonomía similar a la del Banco de la República, la Registraduría del Estado Civil o la Comisión del Servicio Civil. La razonable propuesta fue sugerida en la Asamblea Constituyente de 1991 y goza de fundamento conceptual: la actual teoría del Estado identifica la “Función Estadística Pública” (nombre de la Ley 12 de 1989 de España) como una función de naturaleza diferente a la función ejecutiva-administrativa.
Como todos los asuntos de ciencia, las estadísticas —verdadero tesoro social— no pertenecen al poder de la mayoría ni al de la minoría. Entonces la recurrente pregunta: “¿Dónde mercan los encuestadores del DANE?” debería suscitar un debate teórico sobre representatividad de la muestra estadística, corrección de la metodología de procesamiento de datos, etc., mas no un debate político. Las actuales dudas sobre qué se entiende por “desempleado” o “subempleado” y cómo se están midiendo tales variables, tendrían su mejor espacio en las comunidades científicas, no tanto en los partidos políticos.