Mientras las regalías no estén blindadas jurídica y administrativamente, continuarán expósitas, para continuar siendo el botín de políticos, contratistas y funcionarios corruptos.
En cientos de casos las regalías que llegan a los departamentos y municipios son desviadas para campañas políticas y las obras anunciadas para presuntamente desarrollarlas son de tan mala calidad y de tan altos costos que no se compadecen con las inversiones realizadas.
A los entes de control les ha faltado más diligencia para llegar a descubrir un verdadero paraíso de corrupción, donde podrían pescar tantos peces gordos que se apropian de las regalías que una investigación bien llevada arrojaría tremendas sorpresas, para dejarnos más que boquiabiertos.
El Sistema General de Regalías, adoptado por la Ley 1530/2012, tiene tantas falencias que pareciera que intencionalmente el legislador dejó las puertas abiertas para que funcionarios, contratistas y politiqueros corruptos se apropien de ellas, sin el más mínimo peligro de que vayan a ser denunciados penal y disciplinariamente.
Las regalías que por ley corresponden a los departamentos y municipios, desde sus inicios, han sido el dolor de cabeza del gobierno, puesto que la mayoría de las veces son giradas sin ninguna formulación de proyectos que sean viables, o con justificación que certifique para qué van a ser utilizadas.
Existen proyectos tan mal sustentados y hasta folclóricos que muchas veces los alcaldes, con tal de lograr el objetivo de robárselas, se inventan una obra que al hacerle el estudio de viabilidad, factibilidad e impacto social y medioambiental se raja en todos los aspectos, puesto que, como en la canción A quién engañas abuelo, “construyen puentes donde no hay ríos”.
Es increíble pero cierto: todo el proceso de usurpación de las regalías empieza desde las campañas políticas en los municipios y departamentos, por lo regular parte de un informante que puede ser funcionario del Ministerio de Hacienda, quien pasa el dato a los políticos de turno sobre el monto que se les va a girar.
Una vez obtenida esta información, los candidatos aspirantes a gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas y Congreso estructuran un presupuesto de campaña y como el dinero aún no está en tesorería, acuden a un agiotista que la presta con un descuento hasta del 30 %; para el evento de que el candidato no gane, deberá asegurar el monto de la obligación con un codeudor eficiente.
Cuando el gobernador o alcalde se posesiona, empieza el trámite de las regalías, con el argumento de que con ellas se van a realizar las obras prometidas en la campaña política, para esto acuden al senador o representante, que les ayude en el desembolso lo más pronto posible.
Las obras de campañas políticas pignoradas con regalías son tan mentirosas, que la mayoría de las veces terminan convertidas en obras inconclusas, de mala calidad o en elefantes blancos, puesto que los presupuestos saqueados no fueron suficientes para la realización de estos proyectos.
En últimas, las víctimas de todos estos despelotes son los ciudadanos que, ilusionados con obras sociales e infraestructura para sus municipios o veredas, depositan su voto, ignorando que tras de todo se esconde una orgía de mentiras, chanchullos y peculados.
Es cierto que la ley de regalías en su contexto es bondadosa, puesto que se extiende a todos los departamentos y municipios del país, que bien manejadas podrían ser la solución a los más álgidos problemas sociales y de infraestructura en departamentos y municipios.
Si se hace un recorrido por los departamentos y municipios sobre la utilización de las regalías, son muy pocos los que se salvan y las obras inconclusas o elefantes blancos son toda una vergüenza.
Por eso, continúo insistiendo que las veedurías ciudadanas serían la solución para que los dineros de las regalías no se desvíen de su objetivo social y sean bien utilizados.
Mientras las regalías no estén blindadas jurídica y administrativamente, continuarán expósitas, para continuar siendo el botín de políticos, contratistas y funcionarios corruptos.
En cientos de casos las regalías que llegan a los departamentos y municipios son desviadas para campañas políticas y las obras anunciadas para presuntamente desarrollarlas son de tan mala calidad y de tan altos costos que no se compadecen con las inversiones realizadas.
A los entes de control les ha faltado más diligencia para llegar a descubrir un verdadero paraíso de corrupción, donde podrían pescar tantos peces gordos que se apropian de las regalías que una investigación bien llevada arrojaría tremendas sorpresas, para dejarnos más que boquiabiertos.
El Sistema General de Regalías, adoptado por la Ley 1530/2012, tiene tantas falencias que pareciera que intencionalmente el legislador dejó las puertas abiertas para que funcionarios, contratistas y politiqueros corruptos se apropien de ellas, sin el más mínimo peligro de que vayan a ser denunciados penal y disciplinariamente.
Las regalías que por ley corresponden a los departamentos y municipios, desde sus inicios, han sido el dolor de cabeza del gobierno, puesto que la mayoría de las veces son giradas sin ninguna formulación de proyectos que sean viables, o con justificación que certifique para qué van a ser utilizadas.
Existen proyectos tan mal sustentados y hasta folclóricos que muchas veces los alcaldes, con tal de lograr el objetivo de robárselas, se inventan una obra que al hacerle el estudio de viabilidad, factibilidad e impacto social y medioambiental se raja en todos los aspectos, puesto que, como en la canción A quién engañas abuelo, “construyen puentes donde no hay ríos”.
Es increíble pero cierto: todo el proceso de usurpación de las regalías empieza desde las campañas políticas en los municipios y departamentos, por lo regular parte de un informante que puede ser funcionario del Ministerio de Hacienda, quien pasa el dato a los políticos de turno sobre el monto que se les va a girar.
Una vez obtenida esta información, los candidatos aspirantes a gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas y Congreso estructuran un presupuesto de campaña y como el dinero aún no está en tesorería, acuden a un agiotista que la presta con un descuento hasta del 30 %; para el evento de que el candidato no gane, deberá asegurar el monto de la obligación con un codeudor eficiente.
Cuando el gobernador o alcalde se posesiona, empieza el trámite de las regalías, con el argumento de que con ellas se van a realizar las obras prometidas en la campaña política, para esto acuden al senador o representante, que les ayude en el desembolso lo más pronto posible.
Las obras de campañas políticas pignoradas con regalías son tan mentirosas, que la mayoría de las veces terminan convertidas en obras inconclusas, de mala calidad o en elefantes blancos, puesto que los presupuestos saqueados no fueron suficientes para la realización de estos proyectos.
En últimas, las víctimas de todos estos despelotes son los ciudadanos que, ilusionados con obras sociales e infraestructura para sus municipios o veredas, depositan su voto, ignorando que tras de todo se esconde una orgía de mentiras, chanchullos y peculados.
Es cierto que la ley de regalías en su contexto es bondadosa, puesto que se extiende a todos los departamentos y municipios del país, que bien manejadas podrían ser la solución a los más álgidos problemas sociales y de infraestructura en departamentos y municipios.
Si se hace un recorrido por los departamentos y municipios sobre la utilización de las regalías, son muy pocos los que se salvan y las obras inconclusas o elefantes blancos son toda una vergüenza.
Por eso, continúo insistiendo que las veedurías ciudadanas serían la solución para que los dineros de las regalías no se desvíen de su objetivo social y sean bien utilizados.