Es verdaderamente preocupante que millones de colombianos continúen con la incertidumbre de si podrán adquirir, librar o legalizar sus viviendas, por los cobros exagerados y abusivos de las entidades financieras, que, sin ningún pudor y vergüenza, cobran intereses, sobre intereses, además de los convencionales y moratorios; fuera de honorarios extravagantes de abogados, con la complicidad de jueces corruptos y auxiliares de la justicia deshonestos; actos totalmente prohibidos por las normas legales que nos rigen, y que desde luego, convierten a sus deudores – por lo general padres cabeza de familia-, en objetivos injustificados de sujetos procesales.
Es sorprendente que el gobierno después de tanto debate y denuncias por los medios de comunicación sobre estos abusos, no le haya puesto atención a semejante drama social, que con frecuencia está llevando al suicidio a respetables y distinguidos ciudadanos, que, según investigaciones realizadas, por el hostigamiento de los bancos a que son sometidos para quitarles su vivienda, los ha llevado a tomar tan fatal determinación, agravando el drama de sus familias, que, finalmente quedan desamparadas ante la indiferencia de quienes fueron los móviles y causantes de semejante tragedia familiar.
¿Cuántos suicidios, desalojos injustificados y hogares destruidos, necesitará más el gobierno, para prestar atención y dar solución a semejante problemática? ¿Oh será que está esperando una reyerta de graves proporciones, promovida por quienes de muy buena fe acudieron a las entidades financieras para cumplir el sueño de toda su vida: de adquirir una vivienda digna para sus familias y actualmente se sienten engañados y estafados, a punto de perderlo todo? ¿Será que a todo esto se le puede llamar por propio nombre: masacre financiero contra los deudores hipotecarios?
El gobierno no ha querido entender que la vivienda, es un derecho constitucional de toda familia, y que los medios para adquirirla es función indelegable del Estado, permitiendo a quienes ejecutan estas políticas, que lo hagan en forma justa, equilibrada y equitativa, de acuerdo a las capacidades sociales y económicas de las familias postuladas para adquirirla. Si bien, el gobierno puede celebrar convenios con Instituciones Financieras, para cumplir con esta obligación Constitucional, estas, deben ceñirse a unas reglas claramente estipuladas por las normas legales vigentes, y no, a las del capricho de la usura y voluntad de los pulpos y cacaos de las entidades bancarias. Está claramente demostrado, que para cumplir con tan noble función social, actúan como ruedas sueltas de la normatividad jurídica, para engullirse las ilusiones, el sudor de muchos años de trabajo y de vida indefensas familias.
El drama de vivienda que está padeciendo millones de compatriotas, ha generando otros complementarios: la improductividad laboral y el bajo rendimiento académico de los hijos de quienes soportan la responsabilidad de las acciones judiciales por estos casos; lo más grave, se está afectando la población infantil. Según investigaciones realizadas en algunos planteles educativos, varios adolescentes afectados por el drama familiar de ser despojados de sus viviendas, se tornan en alumnos problemas para las instituciones educativas, puesto que en sus hogares se vive un ambiente de continua zozobra a la espera de que un día cualquiera llegue la orden de desalojo. Algunos estudiantes indagados sobre este particular, manifestaron que su vida pende de un hilo, puesto que, no estarían dispuestos a soportar semejante humillación y más bien optarían por el suicidio, como en varias ocasiones ya ha sucedido.
Son varias las organizaciones que se han creado en torno a este drama; a la fecha se conocen dieciocho con sede en diferentes ciudades del País. Estas se irán fortaleciendo a medida que se vayan concientizando en común a este objetivo, cual es el de salvar su vivienda. Posteriormente se irán convirtiendo en grupos de presión y finalmente pueden ser utilizadas como fortín de causa revolucionaria por elementos subversivos.
Quiero llamar nuevamente la atención del Gobierno, las entidades financieras y los organismos que regulan los créditos hipotecarios de vivienda, para que, se sienten con los representantes de las organizaciones que han surgido a causa de este drama, con el fin de buscar soluciones definitivas y perdurables. Esta problemática social que no resiste mas espera. No esperemos que las pacíficas familias angustiadas, bajo la presión de perder sus viviendas, reaccionen colectivamente con actos violentos.
Comunidad Desarrollo y Gestión
