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Definitivamente, las instituciones del Sector Agropecuario no levantan cabeza, con excepción de unas pocas; las que se han creado en las últimas décadas, después de funcionar por un tiempo, tienen que ser liquidadas, asfixiadas por el virus letal de la corrupción.
Pareciera que llevaran en su proceso de gestación y constitución el lastre y el estigma de la mala semilla, sembrada en terrenos áridos, con pleno conocimiento de causa de quienes han sido sus promotores y planificadores para que no cumplan con sus objetivos sociales, y por este medio apropiarse de sus abultados presupuestos. Da tristeza recordar, la Caja Agraria, el Idema, el Inderena, el Inpa, entre muchas otras, cuyos despojos mortales se convirtieron en el patrimonio particular de delincuentes de cuello blanco, que las administraron sin ningún pudor y vergüenza, con la complacencia de los gobiernos de turno.
La última en ser liquidada fue el Incora, sustituida por el actual “Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder” creado en el 2003 por el Decreto 1300 y reformado mediante la absurda Ley 1152/2007. Desde los inicios de su fundación, este organismo que nació con grandes expectativas para desarrollar y promover todo tipo de programas para el sector rural, empezó a dar los primeros pataleos de corrupción. En sus escasos seis años de funcionamiento lleva cinco gerentes, destituidos fulminantemente por escándalos y malos manejos.
Todo indica que, al paso que va, no llegará al 2019, como se tiene previsto en el gobierno, con el fin de convertirla en entidad modelo de desarrollo para el sector agropecuario. El País es consciente de los continuos escándalos que se han presentado desde años atrás, sin que a la fecha se hayan tomado los correctivos necesarios.
Los casos que a continuación nos permitimos denunciar, entre muchos otros, tienen que ver con la adjudicación de predios a familias desplazadas, que después de cumplir con el lleno de los requisitos, y en el peor de los casos, de habérseles adjudicado mediante resolución motivada, resultan engañadas, puesto que, lo que inicialmente les prometieron empieza a dilatarse en medio de una maraña de respuestas baladíes que no tienen asidero para el estricto cumplimiento de un acto administrativo dictado por Entidad Estatal que se respete y cumpla honestamente con sus deberes.
Muchos grupos y familias de población desplazada tienen una historia triste que contar: Para que a un núcleo familiar lo admitan en procesos de adjudicación de predios rurales, se requiere que cumpla con una serie de requisitos y documentos que a la postre para nada sirven, pero, que sospechosamente tienen un costo de aproximadamente $10.000.000.oo) diez millones de pesos, sin que esto garantice la adjudicación del predio.
El presupuesto del / 2008, para adjudicación de predios a desplazados, fue del orden de los $32.000.000.000.oo (treinta y dos mil millones de pesos), presuntamente para beneficiar 1.200, familias con sus respectivos proyectos productivos; finalmente calificaron 79; el resto del dinero y demás adjudicaciones, continúan en los laberintos de las oficinas de Incoder, con pérdida de documentos y dilaciones de mandos medios sin que a la fecha se les de una respuesta clara de que es la que ha sucedido.
Para el 2009, el presupuesto, es del orden de: $34.000.000.000.oo (treinta y cuatro mil millones de pesos), de los cuales diez mil, están destinados a madres cabeza de familia. Ya comenzaron para este período las dilaciones y las trabas a quienes participan con altos costos y pérdida de tiempo, ilusionados en que por este medio van a solucionar su angustiosa situación de desplazamiento.
No olvidemos que en años anteriores se presentaron en la misma entidad, abusos de tal magnitud que hubo necesidad que los procesos fueran intervenidos por los organismos de control. Recordemos el caso de Carimagua, que si no es por el zafarrancho que se formó, sus predios hubiesen sido desviados a potentados terratenientes que todo lo quieren y todo lo acaparan, con la complicidad de políticos y altos funcionarios del Estado. Es doloroso tener que decirlo, pero, muchos de los predios adjudicados por el Incoder, van a parar a sus antiguos dueños, reconocidos narcotraficantes, que se los hacen re-adjudicar a través de testaferros.
Seamos conscientes y así hay que admitirlo: El Incoder, desde que nació, nació torcido, dando pataletas de corrupción y alaridos de injustica social. No queda más, que pedirle a los Organismos de Control: Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, que por favor tomen cartas en el asunto y escuchen testimonios desgarradores y vergonzosos de desplazados y demás beneficiarios, para que se den cuenta de la ola de corrupción que invade a este organismo, que equivocadamente dice ser promotor del desarrollo agropecuario del País, “con proyecciones de alta tecnología para el año 2019”.
¡Qué cinismo y qué falta de respeto para con nuestra Colombia Rural y sus campesinos desplazados urgidos de tierra!
Comunidad y Desarrollo
