El drama de la vivienda rural y los papicultores
Lo que están padeciendo quienes cultivan papa es el fiel reflejo de las políticas mal orientadas del sector agropecuario. Tan mal dirigidas, que llevan a creer que quienes las manejan no conocen los intríngulis de la productividad, el control de calidad y el comercio internacional.
Quienes autorizaron importaciones de papa en vísperas de la superproducción deberían ser sancionados, porque en materia de comercio exterior todo está regulado, como medida de protección a los productores, con las llamadas cláusulas de salvaguardia.
En la crisis de los papicultores tienen toda la responsabilidad el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que inicialmente autoriza las importaciones; el ICA, que expide los permisos fitosanitarios, y el Ministerio de Comercio, que regula los registros de importación.
Siempre he sostenido a través de mis columnas que el Estado debe ser garante de lo que el campesino produzca y, en programas de comercio exterior, aplicar las cláusulas de salvaguardia estipuladas en los convenios comerciales.
De otro lado, está el despelote de la vivienda rural. Aunque no ocurrió en el actual gobierno y viene de tiempo atrás, sí es hora de que los contratistas encargados respondan ante las autoridades competentes y el señor ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, explique cuáles son los resultados de las investigaciones realizadas hasta la fecha.
El programa de vivienda rural implementado por el Ministerio de Agricultura desde el año 2012 fue toda una piñata, donde los pillos y ladrones de cuello blanco que ofician como funcionarios de la entidad, en contubernio con contratistas corruptos, hicieron de las suyas. Varios de estos sinvergüenzas ya fueron a la cárcel, sin embargo, a la fecha, nadie da una explicación real y clara de lo que pasó con dicho programa.
Pareciera que los humildes campesinos de carriel y mulera, pequeños y medianos productores, continúan siendo el estribo de funcionarios corruptos incrustados en el alto gobierno. Merced a su desconocimiento, son presa fácil para esquilmarlos y explotarlos, con las bondades que por ley les otorga el Estado de derecho.
No es que los gobiernos de los últimos tiempos se hayan olvidado de los campesinos más necesitados. Sencillamente, es la burocracia arrogante y altanera la que los somete a trámites u obstáculos innecesarios, con el fin de sacar provecho de sus más urgentes necesidades.
Ahora que se vuelve a hablar de programas de vivienda urbana y rural, valdría la pena que el ministro Jonathan Malagón les explicara a los colombianos, y muy especialmente a los campesinos, qué pasó con el programa de vivienda rural implementado en el 2012 por el Ministerio de Agricultura, bajo el nombre de Dirección de Vivienda Rural, con un presupuesto de $50.000 millones para construir inicialmente 48.000 viviendas.
El suscrito columnista ha venido haciendo seguimiento a este programa de vivienda rural, sin que a la fecha se tengan satisfactorios resultados. Lo primero que hice fue visitar la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario, ubicada en el piso quinto del edificio Avianca. Al preguntar por el director, se me dijo en palabras textuales: “No pierda tiempo, porque esto se lo robaron”.
Sin embargo, posteriormente, me atendió el señor Fredy Augusto Maya, quien en términos similares me dijo lo mismo. Le solicité que se me ampliara la información y me remitió a la Vicepresidencia del Banco Agrario, donde tampoco se obtuvo una respuesta satisfactoria.
Regresé al Ministerio de Agricultura, donde un alto funcionario me dijo que el programa de vivienda rural había sido trasladado al Ministerio de Vivienda. Allí fui atendido por la jefe de comunicaciones, quien me informó que el proyecto fue recibido desde el mes de junio pero estaba en evaluación, sin que a la fecha se haya recibido información alguna.
Total, todo se ha ido en dilaciones y quienes se lucraron de este programa deben estar disfrutando de lo lindo en verdaderas mansiones, mientras los humildes campesinos, posibles beneficiarios, tienen que guarecerse de las inclemencias del tiempo bajo un techo de paja, muchas veces víctimas de deslizamientos y toda una vida a la intemperie, padeciendo hambre, frío, enfermedades y todo tipo de necesidades.
Siempre lo he dicho a través de esta columna: un programa de desarrollo rural integrado debe incluir obligatoriamente viviendas para los campesinos, dotadas de todos los servicios públicos, con el fin de proporcionarles una vida más llevadera en sus arduas faenas agrícolas.
Si queremos que el campo prospere y así evitar que nuestros campesinos emigren a las áreas urbanas a fortalecer los cinturones de miseria, es indispensable depurar la burocracia arrogante, altanera y corrupta que les está haciendo la vida imposible. Claro está que con algunas excepciones.
Lo que están padeciendo quienes cultivan papa es el fiel reflejo de las políticas mal orientadas del sector agropecuario. Tan mal dirigidas, que llevan a creer que quienes las manejan no conocen los intríngulis de la productividad, el control de calidad y el comercio internacional.
Quienes autorizaron importaciones de papa en vísperas de la superproducción deberían ser sancionados, porque en materia de comercio exterior todo está regulado, como medida de protección a los productores, con las llamadas cláusulas de salvaguardia.
En la crisis de los papicultores tienen toda la responsabilidad el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que inicialmente autoriza las importaciones; el ICA, que expide los permisos fitosanitarios, y el Ministerio de Comercio, que regula los registros de importación.
Siempre he sostenido a través de mis columnas que el Estado debe ser garante de lo que el campesino produzca y, en programas de comercio exterior, aplicar las cláusulas de salvaguardia estipuladas en los convenios comerciales.
De otro lado, está el despelote de la vivienda rural. Aunque no ocurrió en el actual gobierno y viene de tiempo atrás, sí es hora de que los contratistas encargados respondan ante las autoridades competentes y el señor ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, explique cuáles son los resultados de las investigaciones realizadas hasta la fecha.
El programa de vivienda rural implementado por el Ministerio de Agricultura desde el año 2012 fue toda una piñata, donde los pillos y ladrones de cuello blanco que ofician como funcionarios de la entidad, en contubernio con contratistas corruptos, hicieron de las suyas. Varios de estos sinvergüenzas ya fueron a la cárcel, sin embargo, a la fecha, nadie da una explicación real y clara de lo que pasó con dicho programa.
Pareciera que los humildes campesinos de carriel y mulera, pequeños y medianos productores, continúan siendo el estribo de funcionarios corruptos incrustados en el alto gobierno. Merced a su desconocimiento, son presa fácil para esquilmarlos y explotarlos, con las bondades que por ley les otorga el Estado de derecho.
No es que los gobiernos de los últimos tiempos se hayan olvidado de los campesinos más necesitados. Sencillamente, es la burocracia arrogante y altanera la que los somete a trámites u obstáculos innecesarios, con el fin de sacar provecho de sus más urgentes necesidades.
Ahora que se vuelve a hablar de programas de vivienda urbana y rural, valdría la pena que el ministro Jonathan Malagón les explicara a los colombianos, y muy especialmente a los campesinos, qué pasó con el programa de vivienda rural implementado en el 2012 por el Ministerio de Agricultura, bajo el nombre de Dirección de Vivienda Rural, con un presupuesto de $50.000 millones para construir inicialmente 48.000 viviendas.
El suscrito columnista ha venido haciendo seguimiento a este programa de vivienda rural, sin que a la fecha se tengan satisfactorios resultados. Lo primero que hice fue visitar la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario, ubicada en el piso quinto del edificio Avianca. Al preguntar por el director, se me dijo en palabras textuales: “No pierda tiempo, porque esto se lo robaron”.
Sin embargo, posteriormente, me atendió el señor Fredy Augusto Maya, quien en términos similares me dijo lo mismo. Le solicité que se me ampliara la información y me remitió a la Vicepresidencia del Banco Agrario, donde tampoco se obtuvo una respuesta satisfactoria.
Regresé al Ministerio de Agricultura, donde un alto funcionario me dijo que el programa de vivienda rural había sido trasladado al Ministerio de Vivienda. Allí fui atendido por la jefe de comunicaciones, quien me informó que el proyecto fue recibido desde el mes de junio pero estaba en evaluación, sin que a la fecha se haya recibido información alguna.
Total, todo se ha ido en dilaciones y quienes se lucraron de este programa deben estar disfrutando de lo lindo en verdaderas mansiones, mientras los humildes campesinos, posibles beneficiarios, tienen que guarecerse de las inclemencias del tiempo bajo un techo de paja, muchas veces víctimas de deslizamientos y toda una vida a la intemperie, padeciendo hambre, frío, enfermedades y todo tipo de necesidades.
Siempre lo he dicho a través de esta columna: un programa de desarrollo rural integrado debe incluir obligatoriamente viviendas para los campesinos, dotadas de todos los servicios públicos, con el fin de proporcionarles una vida más llevadera en sus arduas faenas agrícolas.
Si queremos que el campo prospere y así evitar que nuestros campesinos emigren a las áreas urbanas a fortalecer los cinturones de miseria, es indispensable depurar la burocracia arrogante, altanera y corrupta que les está haciendo la vida imposible. Claro está que con algunas excepciones.