Es como estar en la antesala de la muerte. Toda la familia al recibir la humillante notificación con el día y la hora del desalojo, entra en un período de angustia, de postración y de pánico.
En muchos casos los abogados y auxiliares de la justicia, en complicidad con Jueces venales, ya tienen negociado el inmueble, o para peor desgracia, la institución financiera que otorgó el crédito, ha transferido la deuda a una entidad de cobranzas, lo que hace casi que imposible su refinanciación.
Ante la indiferencia del Gobierno, para dar cumplimiento a un mandato Constitucional, cual es, el de velar porque todas las familias tengan acceso a vivienda digna, con el fin de darles estabilidad social, económica y política; se ve venir a pasos agigantados una revuelta de incalculables consecuencias, por la sencilla razón, de que las instituciones financieras continúan muy campantes ejecutando a miles de familias que han cancelado sus obligaciones hasta tres y cuatro veces.
Pero lo más grave, es que en la mayoría de los casos, los Jueces no exigen a los demandantes, aportar al proceso los comprobantes de pago del inmueble y el historial crediticio del mismo; esto les permitiría valorar si efectivamente se ha dado cumplimiento a la re- liquidación del crédito hipotecario, ordenado por la Corte Constitucional en varias sentencias, y sobre las cuales ya existen pronunciamientos a su favor de varios Jueces, con el fin de evitar que se cometan tamañas arbitrariedades.
El drama de los deudores hipotecarios, todos los días tiende a agravarse. Son varios los casos de resistencia civil organizada, y de asonadas que se han presentado y se seguirán presentando en diferentes ciudades del País, contra los funcionarios judiciales que practican las diligencias de lanzamiento; protagonizados por familias que al intentar ser desalojadas, la conciencia social y colectiva de sus vecinos, les está diciendo que contra ellas se está cometiendo una injusticia y que por lo tanto hay que ofrecer resistencia.
Cuando la conciencia colectiva, se solidariza con una injusticia social, por indiferencia de sus mismos Gobernantes; el movimiento de masas toma tal solidez, que, para intentar desactivarlo, el uso de la Fuerza Pública, se convierte en una flagrante violación de los Derechos Humanos, y sólo se soluciona por la vía del diálogo y la concertación. Muchas veces una simple problemática social, se convierte en conflicto con características de orden público, por la negativa de las autoridades a aportar soluciones inmediatas.
Las asociaciones que agrupan familias que están en la antesala del desahucio hipotecario, continuarán creciendo en todo el País y tomando conciencia sobre este hecho. Comentaba una madre cabeza de familia ahogada en llanto y víctima del maltrato judicial, que vivir este drama previo al lanzamiento, es como estar en la antesala de los condenados a muerte. Todo lo ven obscuro y obnubilado, esperando un mañana incierto, la mayoría de las veces sus pertenencias son lanzadas a la calle, la fuerza laboral se les mina totalmente, puesto que, solo están pendientes de cómo van a enfrentar semejante vergüenza y drama social.
Hay que ser conscientes que uno de los factores generadores de violencia en cualquier parte del mundo, es la injustica social; también hay que tener en cuenta que, el principal y primer coeficiente social de desarrollo de toda familia, empieza con la adquisición de vivienda digna. Nadie acepta que después de haber cancelado durante varios años un crédito hipotecario, y cuando ya se está por salir avante, sea víctima de semejante atropello.
Soy de los que cree, que el gobierno y todas las instituciones del Estado, junto con el Congreso de la República, deben aportar soluciones definitivas a este problema social, que ya se está convirtiendo en toda una vergüenza para el gobierno, y amenaza a sus Instituciones Democráticas y la misma seguridad del Estado.
Ha llegado la hora de pedir a las autoridades meter en cintura a las entidades bancarias, promotoras y constructoras de vivienda; para que se pellizquen y cedan espacios en su desaforada y voraz carrera de enriquecimiento ilícito, a costa de una necesidad tan básica y vital para la familia y por ende para el desarrollo del País; cual es, la de permitir que miles de familias hoy con procesos pendientes y a punto de ser lanzadas a la calle con todas sus pertenencias, accedan a vivienda, promovida por el Estado de Derecho, en cumplimiento de un mandato Constitucional.
Comunidad y Desarrollo
