No son cantos de sirena, ni mucho menos pronósticos de falsos pregoneros, pero el futuro de los proyectos productivos del sector agropecuario pinta muy halagador para los países que, como Colombia, disponen además de una variedad de climas; infinitos recursos naturales, humano – campesino altamente calificado para iniciar cualquier proceso de desarrollo de siembra y posterior abastecimiento con productos de pan – coger.
En las últimas semanas hemos visto cómo los noticieros internacionales y analistas altamente calificados han dado la voz de alarma, visionando la escasez de alimentos en casi todos los países del planta. Esta crisis de productos primarios de la canasta familiar son los mismos que produce nuestra tierra, pero que el pequeño y mediano campesino ha dejado de cultivar por falta de oportunidades, ausencia de mercado y apoyo del Sector Estatal.
Si queremos ser previsivos y autosuficientes, con excedentes de exportación, nuestro gobierno tiene que hacer mayores esfuerzos para permitir que tan importante sector de la productividad campesina retome su vocación cultivadora, desde luego, que con la vinculación de cada uno de ellos a programas de Alianzas estratégicas y cadenas productivas con el fin de buscar unidad de producción, controles de calidad más dinámicos y prevención de plagas para así lograr canales de comercialización más dinámicos, eficientes y rentables.
Hay que ser claros: las políticas expuestas por el Señor Presidente Uribe, principalmente en los Concejos Comunales de Gobierno, sobre el desarrollo del Sector, son claras en su contexto general, pero su aplicación en la mayoría de los casos deja mucho que desear, puesto que no cumplen con los objetivos señalados, empezando porque no estamos preparados para exportar salvo algunas excepciones: la agricultura orgánica está amarrada a cuatro empresas certificadoras, cuyos altos costos hace imposible el acceso a la mayoría de pequeños y medianos productores.
Soy fiel testigo de la inmensa demanda de productos agroindustriales de varios sectores de la producción que finalmente no conducen a nada, porque los altos costos para obtener la certificación de Agricultura Orgánica no se los permite. De otra parte, son varias las misiones de compradores internacionales que nos visitan frecuentemente, con el ánimo de hacer investigación de producción y exportar productos agro-industrializados a sus países para abastecer cadenas de comercialización y finalmente tienen que regresarse con las manos vacías o mirar a otros países de la Can, Mercosur, o Centroamérica.
Hace pocos días nos llevamos gran sorpresa cuando visitamos la oficina de “Pademer” en el Ministerio de Agricultura, que hasta hace unos meses promovió con algún éxito pequeñas empresas del Sector Agropecuario. Se nos dijo que la mencionada entidad había desaparecido después de cinco años de funcionamiento y que en su reemplazo se había constituido la oficina de Pequeñas Oportunidades Agropecuarias. Mi pregunta: ¿Hasta cuándo vamos a continuar improvisando entidades para el desarrollo del campo, que después de funcionar por unos años desaparecen víctimas de la ignorancia de sus funcionarios en su área de acción, ó lo peor, por actos de corrupción?
Miremos hacia atrás y analicemos cuántas entidades han desparecido en las dos últimas décadas, varias de ellas porque se las han robado los delincuentes de cuello blanco. Recordemos qué pasó con la Caja de Crédito Agrario, El Incora, El
Inderena, el Idema, el Inat, el Inpa, entre muchas otras, que murieron asfixiadas por los excesos burocráticos, vergonzosos saqueos y créditos amañados. La última que se ha creado como bandera de salvación es el Incoder, que en su corta existencia ha sido duramente cuestionada, con varias investigaciones pendientes ante la Fiscalía y la Procuraduría por malos manejos en adjudicación de predios a la población desplazada y reinsertada.
Miremos que los tres millones de desplazados que tenemos en las áreas urbanas corresponden casi que al 6.5% de la población Colombiana, pero que en más de un 90% son de origen campesino. No todas las veces los desplazados han sido víctimas de la violencia guerrillera y paramilitar, sino, que han tenido que emigrar de sus áreas de producción por falta de oportunidades. Analicemos también que todas estas personas desplazadas y reinsertadas de origen campesino pueden regresar a sus parcelas si se les proporciona unos medios esenciales de supervivencia, mientras desarrollan proyectos productivos con el acompañamiento de ONG, altamente confiables y calificadas para cada caso en particular.
Es triste ver que en un país como Colombia, dotado por la naturaleza y la Divina Providencia de los más variados recursos naturales y humanos, no seamos capaces de responder por programas y proyectos de desarrollo acordes con las exigencias del mercado y nuestras más inmediatas necesidades.
¿Pero a qué se debe todo este debacle en el Sector Agropecuario? Desde luego que tiene sus responsables. No es la primera vez, tampoco será la última, que por esta columna continuaremos denunciando los abusos y saqueos a ciertas instituciones del agro, convertidas muchas de ellas en fundaciones, asociaciones, federaciones y cooperativas que trabajan bajo el espejismo de ser los redentores del gremio, cuando en realidad son hienas agazapadas, listas a devorar cualquier presupuesto que reciben de la benevolencia del Estado y los parafiscales que les otorga la Ley para beneficio de los gremios que representan. Lo más grave y vergonzoso son las ayudas que otorgan gobiernos extranjeros, que de muy buena fe aportan a la causa humanitaria de la violencia en nuestro país. Muchos de estos recursos son esquilmados por algunas ONG, de papel, que luego de recibir jugosas partidas para desarrollar proyectos productivos en beneficio de la población desplazada y reinsertada desaparecen sin dejar rastro alguno.
De nada nos sirve que el gobierno de turno formule planes y programas de desarrollo para sector tan importante y vital para el desarrollo del país, sino aceptamos que la Colombia Rural, junto con sus campesinos, requiere de un revolcón institucional con el fin de colocar las cosas en su sitio, eliminando tantas entidades fantasmas que reciben altas prebendas del Estado, pero que finalmente las dilapidan en costosas y extravagantes gerencias, círculos de burócratas ociosos e investigaciones innecesarias.
Siempre he creído que la única manera de sacar el Sector Agropecuario adelante es Constitucionalizándolo y promoviendo ante el Congreso de la República la Ley Marco Agroindustrial, con el fin de colocar las cosas en su sitio y definir claramente el Estatus social y jurídico del Campesino. Es hasta jocoso tener que decirlo, pero en Colombia campesino puede ser cualquiera. Cuando aparecen las prebendas del Gobierno para ciertos programas de mayor atracción, inmediatamente aparecen los redentores y oportunistas, constituyendo empresas de papel, camuflados en altas gerencias que dicen ser la redención de sus gremios y que pululan por todas las ciudades, pueblos y veredas, muchas veces con la complacencia del sector oficial y la complicidad de funcionarios corruptos.
Comunidad Desarrollo y Gestión
urielos@cable.net.co
No son cantos de sirena, ni mucho menos pronósticos de falsos pregoneros, pero el futuro de los proyectos productivos del sector agropecuario pinta muy halagador para los países que, como Colombia, disponen además de una variedad de climas; infinitos recursos naturales, humano – campesino altamente calificado para iniciar cualquier proceso de desarrollo de siembra y posterior abastecimiento con productos de pan – coger.
En las últimas semanas hemos visto cómo los noticieros internacionales y analistas altamente calificados han dado la voz de alarma, visionando la escasez de alimentos en casi todos los países del planta. Esta crisis de productos primarios de la canasta familiar son los mismos que produce nuestra tierra, pero que el pequeño y mediano campesino ha dejado de cultivar por falta de oportunidades, ausencia de mercado y apoyo del Sector Estatal.
Si queremos ser previsivos y autosuficientes, con excedentes de exportación, nuestro gobierno tiene que hacer mayores esfuerzos para permitir que tan importante sector de la productividad campesina retome su vocación cultivadora, desde luego, que con la vinculación de cada uno de ellos a programas de Alianzas estratégicas y cadenas productivas con el fin de buscar unidad de producción, controles de calidad más dinámicos y prevención de plagas para así lograr canales de comercialización más dinámicos, eficientes y rentables.
Hay que ser claros: las políticas expuestas por el Señor Presidente Uribe, principalmente en los Concejos Comunales de Gobierno, sobre el desarrollo del Sector, son claras en su contexto general, pero su aplicación en la mayoría de los casos deja mucho que desear, puesto que no cumplen con los objetivos señalados, empezando porque no estamos preparados para exportar salvo algunas excepciones: la agricultura orgánica está amarrada a cuatro empresas certificadoras, cuyos altos costos hace imposible el acceso a la mayoría de pequeños y medianos productores.
Soy fiel testigo de la inmensa demanda de productos agroindustriales de varios sectores de la producción que finalmente no conducen a nada, porque los altos costos para obtener la certificación de Agricultura Orgánica no se los permite. De otra parte, son varias las misiones de compradores internacionales que nos visitan frecuentemente, con el ánimo de hacer investigación de producción y exportar productos agro-industrializados a sus países para abastecer cadenas de comercialización y finalmente tienen que regresarse con las manos vacías o mirar a otros países de la Can, Mercosur, o Centroamérica.
Hace pocos días nos llevamos gran sorpresa cuando visitamos la oficina de “Pademer” en el Ministerio de Agricultura, que hasta hace unos meses promovió con algún éxito pequeñas empresas del Sector Agropecuario. Se nos dijo que la mencionada entidad había desaparecido después de cinco años de funcionamiento y que en su reemplazo se había constituido la oficina de Pequeñas Oportunidades Agropecuarias. Mi pregunta: ¿Hasta cuándo vamos a continuar improvisando entidades para el desarrollo del campo, que después de funcionar por unos años desaparecen víctimas de la ignorancia de sus funcionarios en su área de acción, ó lo peor, por actos de corrupción?
Miremos hacia atrás y analicemos cuántas entidades han desparecido en las dos últimas décadas, varias de ellas porque se las han robado los delincuentes de cuello blanco. Recordemos qué pasó con la Caja de Crédito Agrario, El Incora, El
Inderena, el Idema, el Inat, el Inpa, entre muchas otras, que murieron asfixiadas por los excesos burocráticos, vergonzosos saqueos y créditos amañados. La última que se ha creado como bandera de salvación es el Incoder, que en su corta existencia ha sido duramente cuestionada, con varias investigaciones pendientes ante la Fiscalía y la Procuraduría por malos manejos en adjudicación de predios a la población desplazada y reinsertada.
Miremos que los tres millones de desplazados que tenemos en las áreas urbanas corresponden casi que al 6.5% de la población Colombiana, pero que en más de un 90% son de origen campesino. No todas las veces los desplazados han sido víctimas de la violencia guerrillera y paramilitar, sino, que han tenido que emigrar de sus áreas de producción por falta de oportunidades. Analicemos también que todas estas personas desplazadas y reinsertadas de origen campesino pueden regresar a sus parcelas si se les proporciona unos medios esenciales de supervivencia, mientras desarrollan proyectos productivos con el acompañamiento de ONG, altamente confiables y calificadas para cada caso en particular.
Es triste ver que en un país como Colombia, dotado por la naturaleza y la Divina Providencia de los más variados recursos naturales y humanos, no seamos capaces de responder por programas y proyectos de desarrollo acordes con las exigencias del mercado y nuestras más inmediatas necesidades.
¿Pero a qué se debe todo este debacle en el Sector Agropecuario? Desde luego que tiene sus responsables. No es la primera vez, tampoco será la última, que por esta columna continuaremos denunciando los abusos y saqueos a ciertas instituciones del agro, convertidas muchas de ellas en fundaciones, asociaciones, federaciones y cooperativas que trabajan bajo el espejismo de ser los redentores del gremio, cuando en realidad son hienas agazapadas, listas a devorar cualquier presupuesto que reciben de la benevolencia del Estado y los parafiscales que les otorga la Ley para beneficio de los gremios que representan. Lo más grave y vergonzoso son las ayudas que otorgan gobiernos extranjeros, que de muy buena fe aportan a la causa humanitaria de la violencia en nuestro país. Muchos de estos recursos son esquilmados por algunas ONG, de papel, que luego de recibir jugosas partidas para desarrollar proyectos productivos en beneficio de la población desplazada y reinsertada desaparecen sin dejar rastro alguno.
De nada nos sirve que el gobierno de turno formule planes y programas de desarrollo para sector tan importante y vital para el desarrollo del país, sino aceptamos que la Colombia Rural, junto con sus campesinos, requiere de un revolcón institucional con el fin de colocar las cosas en su sitio, eliminando tantas entidades fantasmas que reciben altas prebendas del Estado, pero que finalmente las dilapidan en costosas y extravagantes gerencias, círculos de burócratas ociosos e investigaciones innecesarias.
Siempre he creído que la única manera de sacar el Sector Agropecuario adelante es Constitucionalizándolo y promoviendo ante el Congreso de la República la Ley Marco Agroindustrial, con el fin de colocar las cosas en su sitio y definir claramente el Estatus social y jurídico del Campesino. Es hasta jocoso tener que decirlo, pero en Colombia campesino puede ser cualquiera. Cuando aparecen las prebendas del Gobierno para ciertos programas de mayor atracción, inmediatamente aparecen los redentores y oportunistas, constituyendo empresas de papel, camuflados en altas gerencias que dicen ser la redención de sus gremios y que pululan por todas las ciudades, pueblos y veredas, muchas veces con la complacencia del sector oficial y la complicidad de funcionarios corruptos.
Comunidad Desarrollo y Gestión
urielos@cable.net.co