Es alentador que los Organismos de Control, empiecen a pronunciarse sobre las irregularidades cometidas por el ex ministro, Andrés Felipe Arias, y su sucesor, Andrés Fernández, en relación con los subsidios sin retorno, AIS, y otros programas aprobados para el desarrollo del Sector Rural.
Todo apunta a que estos dos personajes actuaron de común acuerdo, es decir, en complicidad para taparse mutuamente las patrañas cometidas en el mal manejo del agro y sus instituciones en los últimos años. Desde esta columna hemos denunciado otros casos aberrantes y no nos cansaremos de hacerlo hasta cuando se depuren sus organismos tanto públicos como privados de delincuentes de cuello blanco, que a través de organizaciones fantasmas se apropian de los presupuestos asignados para la sobrevivencia de pequeños y medianos productores.
Si queremos reorientar el Agro, para el campesino de azadón, guincho y mulera, debemos empezar por rescatarlo también de los intermediarios sagaces que abundan en las instituciones oficiales y en ONG agropecuarias, con la complacencia de dirigentes políticos afectos al alto gobierno. Los abultados recursos que se asignan, cuando no se los roban un ciento por ciento, van a parar a obras innecesarias con diagnóstico social equivocado, o al bolsillo de grandes empresarios como acaba de ocurrir en “AIS” y otros programas. Todas las instituciones del sector rural, empezando por el Ministerio de Agricultura, deben ser reestructuradas con el fin de volverlas más eficientes y sobre todo blindarlas contra los compadrazgos que pululan en Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías.
De otra parte, invito a los Organismos de Control, para que visiten las Cámaras de Comercio, y comprueben la cantidad de instituciones (O.N.G) agrícolas de papel, que se constituyeron a partir del año 2007, simplemente para acceder a los subsidios de Agro Ingreso Seguro, AIS. Muchas de ellas, que ya cumplieron con su objetivo: de robar al Estado, desaparecieron sin dejar rastro. ¿Pregunto al Ministro Fernández, qué ha hecho al respecto? ¿Será que todo se quedará cubierto con el manto del silencio? Esperamos que no, porque los Organismos de Control, descubrirán esta otra patraña.
Desde esta Columna, lo hemos dicho sinnúmero de veces y no me cansaré de repetirlo, que mientras las entidades del sector agropecuario, no tengan un mayor acercamiento al campesino, continuarán en una orgía de saqueos, de debacle en debacle, y el Ministerio de Agricultura, junto con sus organismos adscritos seguirán siendo botín de delincuentes de cuello blanco y funcionarios corruptos.
Es lamentable tener que decirlo, pero, el Sector Rural en Colombia, no se encuentra protegido por el Estado. Es un Organismo expósito, objeto de todo tipo de componendas y vagabunderías. La profesión de Campesino, no existe definida Constitucionalmente; agricultor puede ser cualquiera. No existe una definición, ni para el Sector Agropecuario, ni para quien ejerce las duras faenas para enfrentar su producción y desarrollo.
Trabajar la tierra en Colombia, no es que no sea rentable, lo que sucede es que tenemos una desorganización, que, nadie sabe por, donde empezar. Basta con ir al Ministerio de Agricultura, ningún funcionario da razón de nada. Nuestros últimos ministros, no han sido más que personajes folclóricos que van de pueblo en pueblo prometiendo y exponiendo programas de incoherencias, que no corresponden al diagnóstico social de la región. Muchas veces desvían la vocación campesina hacia otros sectores de la producción. Sobre este caso son cientos los proyectos emprendidos por acción social a través de O.N.G, de papel, con la población desplazada y reinsertada.
Pongámonos pilas con el Revolcón Agropecuario. Varias veces hemos propuesto a través de esta columna, se lleve al Congreso El Proyecto de Ley Marco Agroindustrial, donde todos los sectores de la producción estarían, además de organizados, definidos y regulados de conformidad con la ley de la oferta y la demanda en los mercados internos y externos. Pero, lo más importante, en ella, se define el “estatus campesino” lo que generaría recíprocamente derechos, deberes y obligaciones entre estos y el Estado. Este proyecto del cual es autor el Suscrito, ha sido presentado en varios foros y seminarios con aceptación total de los presentes, sin que hasta la fecha haya generado algún interés por parte del Congreso y del Gobierno.
