No basta que el Eln y el Gobierno nos inviten a participar si antes no aclaramos algunas cosas sobre para qué se quiere la participación de la sociedad en la mesa de negociaciones de paz que, según se anuncia, se instalará el próximo 8 de febrero.
Es esperable que la misma definición de sociedad sea una disputa en la mesa, en la que cada parte tratará de precisarla para que el resultado sea cercano a sus esperanzas políticas. Es también obvio que ambas partes esperen ganar para su lado un segmento de esa sociedad, algo que hace parte del juego político. Pero reducir la negociación a un ejercicio de reclutar simpatizantes es perder la oportunidad de construir algo más grande.
El problema es si la participación gozará de un mínimo de reglas esenciales para que no sea una reunión de comités de aplausos ni la confluencia de las barras bravas de uno u otro lado. Si nuestra legitimidad se mide en el grado de complacencia con las partes (o del grado de descalificación del contrario), mejor no nos inviten.
La sociedad colombiana, esa maraña inmensa que incluye las ciudades, es más grande que aquella con la que convive el Eln, pero también más grande y compleja que la que llamó el uribismo para crear una red de informantes, donde se trató de crear un vínculo directo entre los civiles y las Fuerzas Armadas.
El temor de que lo que no raye en la simpatía se vea como vocerías del contrario está sobre la mesa por varias razones: primero, por la polarización que vive el país; segundo, porque las delegaciones representan actores armados que, por definición, tienen una forma de relacionarse con la población civil en la que su naturaleza militar se manifiesta, y, en tercer lugar, porque subsiste la lógica de la Guerra Fría, en el sentido de que quien no está 100 % conmigo está contra mí.
Así, la mayor amenaza de la participación es el paramilitarismo representado en las llamadas bacrim (bandas criminales), pero la primera amenaza puede ser la instrumentalización de las partes a la sociedad que quiere participar. Eso no es porque las delegaciones lleguen a la mesa con una agenda explícita de manipular, no, sino porque nuestra cultura política es así y de eso no podemos sustraernos fácilmente.
Sólo el diálogo horizontal y el respeto a las diferencias harán posible una participación real de los ciudadanos, pero el hecho mismo de que esto se lograse ya sería una ganancia del proceso Gobierno-Eln. Es decir, lo que puede afectar nuestra participación es precisamente nuestra tradición de participación política y la cura a esa tradición es mucha imaginación y menos dogmatismo.
@DeCurreaLugo
No basta que el Eln y el Gobierno nos inviten a participar si antes no aclaramos algunas cosas sobre para qué se quiere la participación de la sociedad en la mesa de negociaciones de paz que, según se anuncia, se instalará el próximo 8 de febrero.
Es esperable que la misma definición de sociedad sea una disputa en la mesa, en la que cada parte tratará de precisarla para que el resultado sea cercano a sus esperanzas políticas. Es también obvio que ambas partes esperen ganar para su lado un segmento de esa sociedad, algo que hace parte del juego político. Pero reducir la negociación a un ejercicio de reclutar simpatizantes es perder la oportunidad de construir algo más grande.
El problema es si la participación gozará de un mínimo de reglas esenciales para que no sea una reunión de comités de aplausos ni la confluencia de las barras bravas de uno u otro lado. Si nuestra legitimidad se mide en el grado de complacencia con las partes (o del grado de descalificación del contrario), mejor no nos inviten.
La sociedad colombiana, esa maraña inmensa que incluye las ciudades, es más grande que aquella con la que convive el Eln, pero también más grande y compleja que la que llamó el uribismo para crear una red de informantes, donde se trató de crear un vínculo directo entre los civiles y las Fuerzas Armadas.
El temor de que lo que no raye en la simpatía se vea como vocerías del contrario está sobre la mesa por varias razones: primero, por la polarización que vive el país; segundo, porque las delegaciones representan actores armados que, por definición, tienen una forma de relacionarse con la población civil en la que su naturaleza militar se manifiesta, y, en tercer lugar, porque subsiste la lógica de la Guerra Fría, en el sentido de que quien no está 100 % conmigo está contra mí.
Así, la mayor amenaza de la participación es el paramilitarismo representado en las llamadas bacrim (bandas criminales), pero la primera amenaza puede ser la instrumentalización de las partes a la sociedad que quiere participar. Eso no es porque las delegaciones lleguen a la mesa con una agenda explícita de manipular, no, sino porque nuestra cultura política es así y de eso no podemos sustraernos fácilmente.
Sólo el diálogo horizontal y el respeto a las diferencias harán posible una participación real de los ciudadanos, pero el hecho mismo de que esto se lograse ya sería una ganancia del proceso Gobierno-Eln. Es decir, lo que puede afectar nuestra participación es precisamente nuestra tradición de participación política y la cura a esa tradición es mucha imaginación y menos dogmatismo.
@DeCurreaLugo