El año arrancó con noticias de corrupción graves en el fútbol, en Petrobras y en la alimentación de la Guajira. Con el correr de los meses, la cosa no fue distinta.
Cerraremos este diciembre con otras novedades similares por los sobornos de Odebrecht que ascienden a US$788 millones en 12 países, entre los cuales está, por supuesto Colombia, con la módica cuota de US$11 millones. Estas conductas tienen en común que son protagonizadas por quienes gozaban de prestancia en el medio, por lo que las consecuencias, que exceden el dinero y cobran muchas vidas, son doblemente dañinas para cualquier sociedad.
La corrupción es un concepto amplísimo que responde a múltiples definiciones. Una sencilla sería la del PNUD: corrupción es el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. Cuando esta desviación es protagonizada por quien tiene el conocimiento y el poder, se erosionan la confianza y el orden económico y social y se puede configurar lo que a grandes rasgos obedece al concepto de delitos de cuello blanco.
El sociólogo Sutherland creó la categoría de delitos de cuello blanco, luego de la crisis económica de los años 30. Según el criminólogo norteamericano este delito es sólo cometido por personas con elevado status socioeconómico, pues se desarrolla en áreas y ámbitos relacionados íntimamente con las ocupaciones profesionales de personas muy preparadas, generalmente asociadas al mundo de los negocios. Junto con el delito de cuello blanco, Sutherland desarrolló una nueva teoría sociológica del delito: la asociación diferencial. Según ella, todos los delincuentes, incluidos los de cuello blanco, actúan en cooperación con otro grupo representativo de miembros de su clase; cuentan con un importante capital social o relacional que les sirve de refuerzo y cobertura.
El Presidente de la ANI dijo que los proyectos en los que participa Odebrecht adjudicados en el periodo señalado por la investigación incluyen la concesión Ruta del Sol II (ANI), la APP del Río Magdalena (Cormagdalena), la Transversal de Boyacá Fase II (Antiguo Inco-Invías) y el Colector Canoas- Río Tunjuelo (Bogotá). En dichos proyectos participan grandes firmas del Grupo Sarmiento Angulo y del empresario Julio Gerlein. Ningún soborno pagado en estos grandes proyectos podría hacerse sin el conocimiento y aquiescencia de verdaderos profesionales, capaces y bien educados, además de la connivencia de funcionarios públicos y miembros de la sociedad.
El caso de los sobornos brasileros es uno más en la desafortunada cotidianidad de la corrupción, pero es importante que la justicia trascienda la cárcel impuesta al cabecilla en EE. UU. En Colombia, con un fiscal que fue superintendente bancario y ha representado a los grandes poderes de nuestro país, existe toda la capacidad y la experticia para plantear hipótesis investigativas que eviten figuras sofisticadas y permitan la captura de estos delincuentes y sus cómplices. No hay excusas.
Nota: en los propósitos del 2017 deberíamos incluir la protección de los líderes sociales de cada uno de los municipios de Colombia.
*Subdirectora de Dejusticia www.dejusticia.org