Recién elegido Fernando Carrillo como procurador, mostró gran interés cuando algunas organizaciones le recordamos su rol de cabeza de órgano garante de la transparencia. “Toma nota, que se trata de un tema importante”, le pedía a Leandro Ramos, su colaborador. Pero, desafortunadamente, al terminar su primer año, las notas tomadas no muestran grandes avances de Carrillo para evitar que sigamos en tinieblas, pues en sus tres funciones principales la Procuraduría va lento.
En la función disciplinaria, la Procuraduría, a pesar de que ha encontrado en sus visitas un desconocimiento generalizado y muchos incumplimientos a la Ley de Transparencia, no ha impuesto una sola sanción. Es más, no se ha definido cómo será el régimen de sanciones. En la función de intervención, no existe una sola evidencia de que haya intervenido en procesos de tutelas o insistencias para garantizar el acceso a la información pública.
Y en la función preventiva, armó un grupo de transparencia, integridad y cultura de lo público que ha hecho un plan estratégico, 34 visitas físicas/virtuales y 27 capacitaciones, con distribución de 6.100 cartillas/plegables. Estas cifras muestran un tímido avance pero se quedan cortas frente a 68.000 entidades a vigilar. Tampoco el comité interinstitucional creado para monitorear la ley se reúne o divulga ni informes ni estadísticas ni avances, lo que paradójicamente deja en la opacidad el estado de cumplimiento de la transparencia.
Divulgar su actuación tampoco es el fuerte de la Procuraduría. Tiene la segunda calificación más baja (6,5) entre los órganos de control, según el Índice 2015-2016 de Transparencia por Colombia, con un riesgo muy alto en divulgación de trámites del servicio al ciudadano y de planes anticorrupción, además de que está por debajo del promedio de las entidades nacionales en su calificación general. En distintas oportunidades, en Dejusticia hemos evaluado la calidad de sus respuestas a solicitudes de información y hemos constatado que la Procuraduría no cumple ni con los tiempos ni con la carga argumentativa, según la cual, cuando no entregue información, debe evaluar el daño que causaría su entrega.
Si bien es claro que hay que planear para poder ejecutar y cumplir, ya ha pasado un cuarto de su periodo y no hemos visto resultados. Por esto, es necesario que Carrillo se empodere de su papel de cabeza del Ministerio Público y haga uso de sus recursos y capacidades para cumplir. Debe definir un régimen de sanciones por incumplimiento de la Ley de Transparencia, mostrar la ejecución de planes anuales de prevención y seguimiento, y promover la carga de la prueba y la divulgación de información mínima obligatoria. En fin, debe dar ejemplo como sujeto obligado de la ley, para poder así exigir el cumplimiento a los 68.000 obligados.
El procurador sabe que no es la información per se la que normalmente conduce a la revelación de actos corruptos, sino las prerrogativas que la misma disponibilidad de esa información ofrece. Es decir, la información pública da a la ciudadanía, al periodista, al fiscal y al juez más material primario para hacer preguntas, ejercer control y exigir responsabilidades. También sabe que somos varios los que nos ofrecemos a apoyarlo, si la Procuraduría es para la ciudadanía y su lucha contra la opacidad es frontal, como ha dicho en múltiples oportunidades Carrillo. Pero es urgente actuar ya, para no seguir en rojo, porque cuando llegue la hora de rendir cuentas en el 2018, se habrá pasado la mitad del mandato y empezará la cuenta regresiva.
*Subdirectora de Dejusticia (www.dejusticia.org).
Recién elegido Fernando Carrillo como procurador, mostró gran interés cuando algunas organizaciones le recordamos su rol de cabeza de órgano garante de la transparencia. “Toma nota, que se trata de un tema importante”, le pedía a Leandro Ramos, su colaborador. Pero, desafortunadamente, al terminar su primer año, las notas tomadas no muestran grandes avances de Carrillo para evitar que sigamos en tinieblas, pues en sus tres funciones principales la Procuraduría va lento.
En la función disciplinaria, la Procuraduría, a pesar de que ha encontrado en sus visitas un desconocimiento generalizado y muchos incumplimientos a la Ley de Transparencia, no ha impuesto una sola sanción. Es más, no se ha definido cómo será el régimen de sanciones. En la función de intervención, no existe una sola evidencia de que haya intervenido en procesos de tutelas o insistencias para garantizar el acceso a la información pública.
Y en la función preventiva, armó un grupo de transparencia, integridad y cultura de lo público que ha hecho un plan estratégico, 34 visitas físicas/virtuales y 27 capacitaciones, con distribución de 6.100 cartillas/plegables. Estas cifras muestran un tímido avance pero se quedan cortas frente a 68.000 entidades a vigilar. Tampoco el comité interinstitucional creado para monitorear la ley se reúne o divulga ni informes ni estadísticas ni avances, lo que paradójicamente deja en la opacidad el estado de cumplimiento de la transparencia.
Divulgar su actuación tampoco es el fuerte de la Procuraduría. Tiene la segunda calificación más baja (6,5) entre los órganos de control, según el Índice 2015-2016 de Transparencia por Colombia, con un riesgo muy alto en divulgación de trámites del servicio al ciudadano y de planes anticorrupción, además de que está por debajo del promedio de las entidades nacionales en su calificación general. En distintas oportunidades, en Dejusticia hemos evaluado la calidad de sus respuestas a solicitudes de información y hemos constatado que la Procuraduría no cumple ni con los tiempos ni con la carga argumentativa, según la cual, cuando no entregue información, debe evaluar el daño que causaría su entrega.
Si bien es claro que hay que planear para poder ejecutar y cumplir, ya ha pasado un cuarto de su periodo y no hemos visto resultados. Por esto, es necesario que Carrillo se empodere de su papel de cabeza del Ministerio Público y haga uso de sus recursos y capacidades para cumplir. Debe definir un régimen de sanciones por incumplimiento de la Ley de Transparencia, mostrar la ejecución de planes anuales de prevención y seguimiento, y promover la carga de la prueba y la divulgación de información mínima obligatoria. En fin, debe dar ejemplo como sujeto obligado de la ley, para poder así exigir el cumplimiento a los 68.000 obligados.
El procurador sabe que no es la información per se la que normalmente conduce a la revelación de actos corruptos, sino las prerrogativas que la misma disponibilidad de esa información ofrece. Es decir, la información pública da a la ciudadanía, al periodista, al fiscal y al juez más material primario para hacer preguntas, ejercer control y exigir responsabilidades. También sabe que somos varios los que nos ofrecemos a apoyarlo, si la Procuraduría es para la ciudadanía y su lucha contra la opacidad es frontal, como ha dicho en múltiples oportunidades Carrillo. Pero es urgente actuar ya, para no seguir en rojo, porque cuando llegue la hora de rendir cuentas en el 2018, se habrá pasado la mitad del mandato y empezará la cuenta regresiva.
*Subdirectora de Dejusticia (www.dejusticia.org).