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No es fácil aceptar un conflicto de interés. En general, una persona que tiene que tomar decisiones en un caso suele creer, de buena fe, que no se va a dejar influenciar. Pero en la práctica es difícil sustraerse de los propios intereses, por lo cual la ley hace varias listas de causales de separación de los asuntos. Como no es suficiente que la ley lo diga, el conflictuado debe hacerse un examen ético y dejar claro ante la sociedad que sus intereses no generan ningún riesgo de afectación a la institucionalidad a la que sirve.
Por conflicto de interés en el caso Odebrecht, al fiscal Martínez Neira lo denunció ante la Comisión de Acusaciones el senador Robledo, quien también solicitó su recusación mediante queja ante el procurador, junto con la senadora Claudia López. Ambos congresistas sostienen que no hay garantías de imparcialidad en su labor de fiscal porque es amigo y ha sido representante de los intereses del señor Sarmiento Angulo a través de su asesoría a la Ruta del Sol, Corficolombiana y Navelena-Odebrecht.
El fiscal refuta que su firma cambió de nombre y de logo, que dejó de asesorar jurídicamente, que hay un documento falso y que no participó en el crédito de Navelena. Las pruebas de este caso tendrán que valorarlas la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones. Pero, mientras tanto, subsiste la desconfianza pública… ¿cómo garantiza Martínez que las investigaciones de la corrupción más grande del país no están corriendo un riesgo?
La mejor forma de hacerlo es apartarse de las 11 investigaciones que actualmente dirige y solicitar un fiscal interino. El mismo Martínez explicó que debían tramitarse sus conflictos de interés cuando, ad portas de su elección, señaló que propondría una ley para garantizar la transparencia que en estos casos ofrecería un funcionario distinto “que no tenga relación jerárquica y sin que exista poder de nominación o remoción del fiscal general de la Nación”. Este proyecto de ley está en pañales, pero es claro que la regla penal para tramitar impedimentos y recusaciones no es suficiente para garantizar imparcialidad.
Martínez también ha alegado que las investigaciones se realizan con fiscales independientes que no están impedidos. Pero todos sabemos que el fiscal mantiene la dirección investigativa y acusatoria sobre todos los fiscales, así como el poder de nombramiento y remoción con muchos de ellos. La mayor debilidad de Martínez cuando iba a ser elegido se está concretando, así que ahora Martínez debe no sólo actuar imparcialmente, sino ofrecer públicamente esa imparcialidad y generar confianza en la ciudadanía.
Si el fiscal deja pasar el análisis integral de su posible conflicto de interés ante la opinión pública, contribuirá a establecer esta práctica social de ignorar los conflictos como un comportamiento válido en nuestra sociedad. Además parecerá laxo en la tolerancia frente a sus propios obstáculos, en especial en su lucha a favor de la transparencia y contra la corrupción, pues la falta de objetividad es una de sus puertas de entrada. Existen estudios que documentan que a mayor imparcialidad judicial, mayor disminución de la corrupción, contra la cual tanto lucha Martínez en su plan Bolsillos de Cristal. Más aún si tenemos en cuenta que la investigación que debería conducir de manera impecable el fiscal en el caso Odebrecht obedece a la típica corrupción de cuello blanco que se origina en el centro burocrático y la alta sociedad y su condena debe ser ejemplarizante para el resto de la comunidad.
* Subdirectora de www.dejusticia.org.
