¿Qué contestó la Procuraduría cuando le pedí el informe de la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia del antiguo DAS? Que ese informe se lo había entregado al Gobierno Nacional. Que vaya y se lo pida al presidente. Así asumía la Procuraduría sus retos de transparencia. Al menos la administración anterior, de la cual aún quedan restos.
La respuesta en realidad no es del procurador, sino de la delegada en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Tatiana Londoño Camargo. Con este acto, fiel a su anterior jefe Ordóñez, quien fuera condenado en la Corte Constitucional por mal manejo de la información pública, ignora que la Procuraduría debe proteger los derechos humanos (como el de acceso a la información pública), defender los intereses de la sociedad (que necesita conocer los criterios de la comisión del antiguo DAS para hacer control social) y contribuir con la entrega de información pública (porque es sujeto obligado y órgano garante de la Ley de Transparencia). Con mayor razón en una Procuraduría que, en la búsqueda de verdad judicial y extrajudicial, está “con el corazón al lado de las víctimas”, incluidas las del antiguo DAS.
Afortunadamente, esa funcionaria acaba de abandonar el barco. Así que volví a pedir el mismo informe, pues la nueva administración podría reconsiderar su posición. La segunda respuesta fue menos desentendida y denota el reto de haber heredado gran precariedad en la gestión documental necesaria para la transparencia. Me indicó que en efecto no existe en la Procuraduría copia ni digital ni física de la versión definitiva de su trabajo de líder en la fijación de criterios de depuración de datos del DAS. Otro regalo de la administración anterior. ¿Cómo hará entonces Carrillo para cumplir con su lucha por la transparencia y contra la corrupción si no hay orden en casa?
El nuevo procurador sabe que según el conocido académico anticorrupción Klitgaard, la corrupción (C) florece con el monopolio (M), más la discrecionalidad (D), menos la rendición de cuentas y la transparencia (R): C=M+D-R. Además, sabe que la capacidad investigativa es importante y para ello está haciendo acuerdos que le permitan perseguir a los corruptos. Pero también sabe que la lucha debe comenzar por casa…
El monopolio (M) de la respuesta a esta petición de información lo tiene la Procuraduría junto con los otros miembros de esa comisión de depuración del antiguo DAS, pues yo no tengo otra forma de acceder a esa información que pidiéndola. La discrecionalidad (D) en la entrega de la información se combate con reglas que impiden que el funcionario abuse de su monopolio. Esas reglas están en la Ley de Transparencia según la cual toda la información que esté bajo su control, posesión o custodia es pública y debe entregarla, salvo excepciones no aplicables en este caso. Y si la ha perdido, debe reconstruirla.
La rendición de cuentas y la transparencia (R), último requisito para evitar la corrupción según Klitgaard, no es presentar un informe con caritas felices al final del año. Es una actividad de apertura cotidiana que cumple todo funcionario, incluso cuando le toca ofrecer respuestas que no son dignas de una entidad pública, y menos aún del encargado de garantizar la transparencia. Esto lo sabemos las organizaciones de la Alianza Más Información, Más Derechos, que monitoreamos la Ley de Transparencia, el procurador, que esperamos lo aplique, y el juez Louis Brandeis, para quien la transparencia y la luz del sol (en la propia casa) son el mejor desinfectante.
* Subdirectora de Dejusticia.
¿Qué contestó la Procuraduría cuando le pedí el informe de la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia del antiguo DAS? Que ese informe se lo había entregado al Gobierno Nacional. Que vaya y se lo pida al presidente. Así asumía la Procuraduría sus retos de transparencia. Al menos la administración anterior, de la cual aún quedan restos.
La respuesta en realidad no es del procurador, sino de la delegada en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Tatiana Londoño Camargo. Con este acto, fiel a su anterior jefe Ordóñez, quien fuera condenado en la Corte Constitucional por mal manejo de la información pública, ignora que la Procuraduría debe proteger los derechos humanos (como el de acceso a la información pública), defender los intereses de la sociedad (que necesita conocer los criterios de la comisión del antiguo DAS para hacer control social) y contribuir con la entrega de información pública (porque es sujeto obligado y órgano garante de la Ley de Transparencia). Con mayor razón en una Procuraduría que, en la búsqueda de verdad judicial y extrajudicial, está “con el corazón al lado de las víctimas”, incluidas las del antiguo DAS.
Afortunadamente, esa funcionaria acaba de abandonar el barco. Así que volví a pedir el mismo informe, pues la nueva administración podría reconsiderar su posición. La segunda respuesta fue menos desentendida y denota el reto de haber heredado gran precariedad en la gestión documental necesaria para la transparencia. Me indicó que en efecto no existe en la Procuraduría copia ni digital ni física de la versión definitiva de su trabajo de líder en la fijación de criterios de depuración de datos del DAS. Otro regalo de la administración anterior. ¿Cómo hará entonces Carrillo para cumplir con su lucha por la transparencia y contra la corrupción si no hay orden en casa?
El nuevo procurador sabe que según el conocido académico anticorrupción Klitgaard, la corrupción (C) florece con el monopolio (M), más la discrecionalidad (D), menos la rendición de cuentas y la transparencia (R): C=M+D-R. Además, sabe que la capacidad investigativa es importante y para ello está haciendo acuerdos que le permitan perseguir a los corruptos. Pero también sabe que la lucha debe comenzar por casa…
El monopolio (M) de la respuesta a esta petición de información lo tiene la Procuraduría junto con los otros miembros de esa comisión de depuración del antiguo DAS, pues yo no tengo otra forma de acceder a esa información que pidiéndola. La discrecionalidad (D) en la entrega de la información se combate con reglas que impiden que el funcionario abuse de su monopolio. Esas reglas están en la Ley de Transparencia según la cual toda la información que esté bajo su control, posesión o custodia es pública y debe entregarla, salvo excepciones no aplicables en este caso. Y si la ha perdido, debe reconstruirla.
La rendición de cuentas y la transparencia (R), último requisito para evitar la corrupción según Klitgaard, no es presentar un informe con caritas felices al final del año. Es una actividad de apertura cotidiana que cumple todo funcionario, incluso cuando le toca ofrecer respuestas que no son dignas de una entidad pública, y menos aún del encargado de garantizar la transparencia. Esto lo sabemos las organizaciones de la Alianza Más Información, Más Derechos, que monitoreamos la Ley de Transparencia, el procurador, que esperamos lo aplique, y el juez Louis Brandeis, para quien la transparencia y la luz del sol (en la propia casa) son el mejor desinfectante.
* Subdirectora de Dejusticia.