En octubre de 2011 se denunció que en La Picota, en el patio de la parapolítica, se estaba decidiendo la suerte de las elecciones regionales.
Para corroborarlo, un colega que es periodista le pide al Inpec el listado de visitas que ha recibido un interno. No le interesan las visitas conyugales e íntimas sino las potenciales relaciones de un funcionario público con la delincuencia.
El Inpec no contesta. El colega interpone tutela. El silencio continúa. 348 días después, y sólo como consecuencia de una presión jurídica mayor, el Inpec contesta que los listados son de la intimidad del interno y que se requiere su permiso para poder divulgarlos. El ciudadano insiste. Desobedece la ley porque no podría insistir directamente, pero lo hace ante un tribunal. Para el tribunal, que decide casi dos años después de la primera petición, se trata de información privada. No analiza que se trata de libertad informativa sobre un elegido popularmente, que está siendo cuestionado por la sociedad que lo elige, en medio de un nuevo maremágnum de la parapolítica.
El año anterior, en plenas elecciones presidenciales, otros ciudadanos habían experimentado una frustración semejante. Solicitaron a los partidos políticos información que interesaba a la ciudadanía. Digamos, cuánto gana el presidente de cada partido. Y la respuesta fue negativa. Que los partidos son personas privadas y que esa información no es de relevancia pública. Así le contestaron varios voceros de diversos partidos a un investigador de la Fundación para la Libertad de Prensa. Claro, los partidos políticos son públicos para recibir plata del Estado, pero privados cuando se trata de rendir cuentas.
Así están las cosas para acceder a información pública en un día como el pasado 28 de septiembre: Día Internacional del Derecho a Saber. Los datos públicos se esconden a título privado. Claro que podrían estar mejor porque ya el Congreso aprobó un proyecto de ley estatutaria de acceso a la información pública.
Con esta norma, que recoge los estándares nacionales e internacionales, las cosas serían a otro precio. El ámbito íntimo de un funcionario público se protege, pero no a toda costa. A medida que aumente el reconocimiento público de una persona que lo ha buscado voluntariamente, menor es la protección de su intimidad. Los personajes públicos, incluidos políticos y artistas, asumen el riesgo de ser afectados por la exposición de muchas de sus actividades personales, que cuando exceden la mera curiosidad y el morbo, atañen al interés público, son de trascendencia y causan impacto social. Con mayor razón si la persona, que es de elección popular, se encuentra sometida el escrutinio público por una conducta que afecta a la sociedad y hay indicios de que puede continuar.
Ahora que se avecina un año de elecciones, tenemos una regulación adecuada para que los partidos políticos no puedan beneficiarse de los dineros estatales y luego esconderse. Para que no puedan entregar sólo la información que los hace quedar bien para la foto, sino que tengan que publicar, sin necesidad de petición previa, todos los datos propios de su funcionamiento, además de los que la ciudadanía les solicite.
Sólo falta que la Corte Constitucional, que ya declaró exequible el proyecto de ley, publique la sentencia. Y que el presidente de la República la firme. Ojalá que no se demoren y que para estas elecciones que se avecinan haya un soporte jurídico sólido para monitorear a los partidos y a los candidatos. Amanecerá y veremos.
* Subdirectora de Dejusticia (www.dejusticia.org).
En octubre de 2011 se denunció que en La Picota, en el patio de la parapolítica, se estaba decidiendo la suerte de las elecciones regionales.
Para corroborarlo, un colega que es periodista le pide al Inpec el listado de visitas que ha recibido un interno. No le interesan las visitas conyugales e íntimas sino las potenciales relaciones de un funcionario público con la delincuencia.
El Inpec no contesta. El colega interpone tutela. El silencio continúa. 348 días después, y sólo como consecuencia de una presión jurídica mayor, el Inpec contesta que los listados son de la intimidad del interno y que se requiere su permiso para poder divulgarlos. El ciudadano insiste. Desobedece la ley porque no podría insistir directamente, pero lo hace ante un tribunal. Para el tribunal, que decide casi dos años después de la primera petición, se trata de información privada. No analiza que se trata de libertad informativa sobre un elegido popularmente, que está siendo cuestionado por la sociedad que lo elige, en medio de un nuevo maremágnum de la parapolítica.
El año anterior, en plenas elecciones presidenciales, otros ciudadanos habían experimentado una frustración semejante. Solicitaron a los partidos políticos información que interesaba a la ciudadanía. Digamos, cuánto gana el presidente de cada partido. Y la respuesta fue negativa. Que los partidos son personas privadas y que esa información no es de relevancia pública. Así le contestaron varios voceros de diversos partidos a un investigador de la Fundación para la Libertad de Prensa. Claro, los partidos políticos son públicos para recibir plata del Estado, pero privados cuando se trata de rendir cuentas.
Así están las cosas para acceder a información pública en un día como el pasado 28 de septiembre: Día Internacional del Derecho a Saber. Los datos públicos se esconden a título privado. Claro que podrían estar mejor porque ya el Congreso aprobó un proyecto de ley estatutaria de acceso a la información pública.
Con esta norma, que recoge los estándares nacionales e internacionales, las cosas serían a otro precio. El ámbito íntimo de un funcionario público se protege, pero no a toda costa. A medida que aumente el reconocimiento público de una persona que lo ha buscado voluntariamente, menor es la protección de su intimidad. Los personajes públicos, incluidos políticos y artistas, asumen el riesgo de ser afectados por la exposición de muchas de sus actividades personales, que cuando exceden la mera curiosidad y el morbo, atañen al interés público, son de trascendencia y causan impacto social. Con mayor razón si la persona, que es de elección popular, se encuentra sometida el escrutinio público por una conducta que afecta a la sociedad y hay indicios de que puede continuar.
Ahora que se avecina un año de elecciones, tenemos una regulación adecuada para que los partidos políticos no puedan beneficiarse de los dineros estatales y luego esconderse. Para que no puedan entregar sólo la información que los hace quedar bien para la foto, sino que tengan que publicar, sin necesidad de petición previa, todos los datos propios de su funcionamiento, además de los que la ciudadanía les solicite.
Sólo falta que la Corte Constitucional, que ya declaró exequible el proyecto de ley, publique la sentencia. Y que el presidente de la República la firme. Ojalá que no se demoren y que para estas elecciones que se avecinan haya un soporte jurídico sólido para monitorear a los partidos y a los candidatos. Amanecerá y veremos.
* Subdirectora de Dejusticia (www.dejusticia.org).