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Existe una evidente falta de garantías para quienes aspiran a una curul en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, específicamente en la número 12, que comprende municipios de los departamentos del Cesár, Magdalena y La Guajira. El hecho ha sido advertido en comunicados emitidos por diversos aspirantes y también denunciado en los medios de comunicación. El ambiente en corregimientos como Conejo y Palomino, entre otros lugares, es pesado, y las células durmientes del antiguo orden paramilitar parecen despertarse como osos hambrientos que salen de una hibernación.
Lo cierto es que no se requieren amenazas directas. Basta con llevar un intimidante mensaje a los aspirantes: el territorio está marcado y reservado para un solo candidato. “Aquí estamos alineados con el hijo del jefe”, le advirtieron a una de las candidatas en un pueblo turístico situado al pie de la Sierra Nevada. El “jefe” es el tristemente famoso Jorge 40, quien impuso un régimen de sangre y terror en los tres departamentos justo en el período de la llamada Seguridad Democrática. A ello se le suma que otras campañas derivadas de las casas políticas regionales también se han abrigado bajo la condición de víctimas e irrumpen en ese ámbito con grandes cantidades de recursos para asegurar con dinero la voluntad de los sufragantes.
Los candidatos alegan que el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 estableció que la financiación de las campañas será de carácter preponderantemente estatal y los anticipos deberán ser entregados sin dilaciones dentro del mes siguiente al cierre de las inscripciones. Hoy, faltando pocos días para el cierre de las campañas, no han recibido un centavo de estos recursos. Ello sitúa a los representantes de las víctimas en una posición desigual y probablemente no puedan acceder a esas curules contempladas justamente para ellas y no para su opuesto complementario, que es la categoría de victimarios.
Una de las distorsiones más perversas es la del llamado victimismo. Este existe cuando un individuo o un grupo se disfraza consciente o inconscientemente como víctima, simulando una agresión o un menoscabo inexistente, o responsabilizando erróneamente al entorno o a los demás. Esto ha sucedido en la Argentina, cuando personas que participaron en la desaparición, muerte y tortura de muchos ciudadanos alegaron ser víctimas puesto que sus crímenes fueron cometidos para salvar la integridad de la democracia y la nación.
Sin duda, todo ello pone en evidencia el carácter ambiguo y cambiante que puede tener hoy la categoría de víctima en el país, pues según lo aspirantes, hoy sometidos a intimidaciones sutiles o abiertas en la circunscripción número 12, “existen candidaturas viciadas por conflictos de intereses, generados por vínculos de consanguinidad en primer grado con reconocidos victimarios y otras afinidades con el paramilitarismo protagonista del conflicto”.
Ello no sería posible si no hubiese detrás una poderosa confluencia de intereses institucionales, económicos, políticos y criminales dirigidos a distorsionar las políticas del sufrimiento, como ya ha ocurrido con las de la memoria. Esta situación genera inocultables efectos deshumanizantes y una sensación de indignación e impotencia extendidas, cuando precisamente se trata de tomar a cargo públicamente, en el presente y para el futuro, nuestro pasado de inhumanidad.
