Aborto: ¿la Corte suplanta al Congreso?

Una de las críticas que se hacen a la Corte Constitucional respecto de la sentencia sobre el aborto es la de que suplanta al legislador porque corrige, adicionándolo, el texto que en el Código Penal sanciona como delito la interrupción del embarazo. Quienes así piensan son partidarios de que la Corte se limite a decir si una norma es o no contraria a la Constitución, sin condicionar su compatibilidad con ella a una determinada interpretación.

No estoy seguro de que los defensores de esta tesis sean conscientes de que, si se aceptara esa tesis, la decisión de la Corte en este caso debería haber sido la de retirar del Código Penal el artículo demandado, lo que en términos prácticos hubiera significado la despenalización total del aborto. Con la misma lógica, la Corte no debería haber excluido del delito de porte de estupefacientes la posesión de la dosis mínima, sino que tendría que haberse limitado a declarar contrario a la Constitución el artículo que sanciona la tenencia y comercialización de esas sustancias, es decir, debería haber legalizado las drogas.

Precisamente para evitar que la radicalidad de sus fallos lleve a la desprotección absoluta de algunos intereses sociales como la vida o la salud pública es que existe la figura de la exequibilidad condicionada como una medida de carácter transitorio que le permite a la Corte mantener la vigencia de una ley siempre que se la entienda de una forma tal que no afecte derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Pero para que este tipo de decisiones no conviertan en permanente el ajuste que se hace, es indispensable que el Congreso cumpla con su deber de legislar sobre el particular, pues los efectos de la sentencia se prolongan en el tiempo hasta que se expida una nueva normatividad; eso es lo que explica que, cuando la Corte procede de esa manera, termine sus sentencias exhortando al Congreso a ocuparse de la materia dentro de los parámetros que se le indican.

En el caso del aborto, el país completa 16 años desde que se despenalizó el aborto en tres hipótesis, sin que el Congreso haya logrado tramitar y aprobar una modificación al Código Penal en ese punto, y sin que desde el Ejecutivo se hayan impulsado iniciativas en ese sentido.

La separación e independencia de los poderes no se logra mediante el desconocimiento o la eliminación de una figura que, como la constitucionalidad condicionada, tiene como propósito justamente el de no desamparar derechos mientras el Congreso se ocupa de su regulación. Si el Gobierno tiene una legítima preocupación en cuanto al aborto, lo que le corresponde es presentar un proyecto de ley que lo regule cumpliendo los estándares que le ha fijado la Corte. El Congreso, por su parte, es el único que tiene en sus manos la posibilidad de limitar la interinidad de la decisión adoptada por la Corte; para conseguirlo solo tiene que aprobar una nueva redacción para el artículo que en el Código Penal se ocupa del aborto, respetando la Constitución. Como esas soluciones son más complejas en cuanto requieren mucho estudio y trabajo, algunos prefieren el menos espinoso pero ineficiente atajo de las críticas a la Corte.