El representante José Jaime Uscátegui dijo en el Congreso que en Colombia el delito político debería desaparecer. El tema es controvertido y su importancia depende siempre de coyunturas sociales y políticas; desafortunadamente, el congresista no aportó ningún elemento de juicio que respaldara su tesis y permitiera abrir una discusión al respecto.
Entiendo que no estaba en un escenario académico sino político, pero soportar su planteamiento en la afirmación de que tenemos un delincuente político como presidente no solo es desafortunado en el plano argumentativo, sino que desconoce la esencia del problema. En la historia abundan los casos de rebeldes (la rebelión es el delito político por excelencia) que triunfaron, gobernaron e influyeron en el destino de sus naciones y de la comunidad internacional. La entrada al edificio del Congreso se hace por la Plaza de Bolívar, llamada así en honor de quien organizó y dirigió un alzamiento contra el Imperio español, con ayuda de Antonio Nariño, otro insurgente cuyo apellido se utilizó para denominar el palacio presidencial. George Washington fue el comandante en jefe del ejército revolucionario que se levantó en armas contra el Imperio británico; su victoria lo llevó a ser el primer presidente de los Estados Unidos de América y a que con su apellido se designara la capital de ese país. Ejemplos como estos muestran que esas conductas suelen perseguir un beneficio común, que por eso se castigan con penas leves y solo si el insurrecto fracasa en su empeño.
En la audiencia pública que organizó la Corte Constitucional sobre la ley que recoge la propuesta de paz total del Gobierno, varios expertos abordaron desde distintas perspectivas el tema y dejaron en evidencia su complejidad; dadas las dificultades que tienen los penalistas para definir lo que debe ser delito y la existencia de múltiples acepciones que admite la palabra “política”, no resulta sorprendente que la noción y la justificación del delito político sean tan escurridizas. En mi opinión, un delincuente político se caracteriza porque sus acciones al margen de la ley están orientadas a conseguir una modificación de los elementos estructurales del Estado (en lo social, lo económico o lo político). Si para conseguir esos propósitos se cometen crímenes ordinarios, deben responder por ellos ante la justicia ordinaria o transicional, pero no pierden su condición de rebeldes.
Cuando la configuración de un Estado es lo suficientemente bien organizada como para garantizar a sus habitantes una vida digna y un alto nivel de respeto a sus derechos fundamentales, la necesidad de recurrir a las armas para modificar su funcionamiento decae. Eso llevó a que en las últimas décadas en algunos países de Europa se planteara la eliminación del delito político sobre el supuesto de que el bienestar que proporcionaban los Estados a sus ciudadanos no dejaba espacio para la subversión. Aun cuando los movimientos separatistas han reavivado allí el debate, lo cierto es que en Colombia estamos lejos de haber alcanzado esos niveles de desarrollo social, económico y político que llevarían a que la rebelión desapareciera de la realidad y del Código Penal.
