Aspersión aérea y drogas de uso ilícito

“[La aspersión aérea mediante el uso de sustancias no tóxicas] se trata de un mecanismo claramente insuficiente”: Yesid Reyes Alvarado.

Foto: (EPA) EFE

El uso de químicos para destruir plantaciones de coca mediante la aspersión aérea tuvo como propósito disminuir la producción de cocaína en el país a través de la reducción de su principal insumo. Un balance hecho 21 años después mostró que los resultados obtenidos no fueron los esperados por varias razones: (i) porque surgieron evidencias sólidas que señalan al glifosato como potencialmente cancerígeno; (ii) porque los cultivadores movieron sus sembrados hacia zonas protegidas por el Estado como los parques naturales, los territorios colectivos y ancestrales de las comunidades afrodescendientes e indígenas, así como a la frontera con países que —como Ecuador— nos venció en un pleito judicial derivado del uso de esa sustancia; (iii) porque los grupos delincuenciales recurrieron a variedades que, al dar más cosechas anuales y generar mayor cantidad de materia prima, les permitía compensar sobradamente las pérdidas derivadas de las erradicaciones forzosas; y (iv) porque hay muchas familias dispuestas a sembrar coca como una forma de conseguir ingresos que no obtienen mediante el desarrollo de labores lícitas, y que son conscientes de que difícilmente serán llevadas a la cárcel dada la inviabilidad de perseguirlos judicialmente. Es esa situación la que en la práctica termina por poner a disposición de las organizaciones ilegales miles de hectáreas y personas dispuestas a colaborarles.

El anuncio gubernamental de retomar la fumigación recurriendo a fluidos inofensivos para los seres humanos, los animales y el medio ambiente resuelve solo el primero de los problemas mencionados. La solución del segundo es un poco más engorrosa, porque requiere la realización de consultas previas con las comunidades potencialmente afectadas y con los gobiernos de los países vecinos; del mantenimiento de unas relaciones diplomáticas más fluidas con ellos, y del respeto a las culturas que ancestralmente utilizan la hoja de coca depende que se pueda superar este segundo escollo. La tercera cuestión, al ser operativa, parece más sencilla de lo que es: dado que cada vez necesitan menos plantas para elaborar las mismas cantidades de alcaloide, la reducción del número de matas no parece que pueda afectar sustancialmente el negocio de los narcotraficantes, como lo ponen de presente las cifras de Naciones Unidas que muestran el constante aumento de su productividad.

La cuarta dificultad es, paradójicamente, la que más esfuerzos y dedicación requiere de parte de los gobiernos, pero la que tiene un mejor pronóstico de manejo a mediano y largo plazo. Si el Estado avanzara de manera consistente en programas de sustitución que no se limiten a cambiar plantíos ilícitos por lícitos, sino que ofrezcan apoyo a los campesinos tanto para desempeñar sus actividades agrícolas como en la fase de distribución de sus mercancías (a precios sostenibles), y si consolidara su presencia en esas regiones llevando servicios fundamentales a quienes allí viven, se les quitaría un soporte muy importante a esas bandas criminales porque dejarían de tener a su disposición centenares de personas que hoy ven en esa ocupación una alternativa viable de subsistencia.

En síntesis, retornar a la aspersión aérea mediante el uso de sustancias no tóxicas es factible desde el punto de vista jurídico con solo acatar las exigencias legales y jurisprudenciales; también puede llegar a ser una herramienta útil en el propósito de afectar a los grupos narcotraficantes, si lleva a la disminución de las plantaciones que constituyen la materia prima para la fabricación de cocaína. Pero no se puede perder de vista que se trata de un mecanismo claramente insuficiente, que debe ser complementado con el rediseño y puesta en práctica de un sistema sostenido de sustitución integral de cultivos de uso ilícito.