En los conflictos armados no deberían participar menores de edad; está prohibido su reclutamiento o utilización en hostilidades tanto por las fuerzas militares como por los grupos armados ilegales. En Colombia, las desigualdades sociales, la reducida presencia del Estado en las áreas rurales que –entre otras cosas– le impide controlar efectivamente el maltrato infantil como manifestación de violencia intrafamiliar, así como la falta de oportunidades para que los niños, niñas y adolescentes puedan educarse e ingresar con facilidad al mundo laboral, los hacen muy vulnerables a los ofrecimientos de las organizaciones criminales en las que ven opciones de obtener seguridad, dinero y poder.
Hace ya varios lustros, los bombardeos selectivos del Ejército contra los campamentos insurrectos mostraron ser una de las formas más seguras y efectivas de combatirlos; mientras las labores de inteligencia permitían la ubicación de los blancos (algunas veces colectivos y otras individuales), la intervención con aviones y helicópteros ofrecía precisión y velocidad de respuesta, con una muy reducida exposición de la tropa en zonas de difícil acceso para la infantería. Las alarmas saltaron cuando se descubrió que en varios de esos operativos algunas de las víctimas tenían menos de 18 años; mientras la preocupación llevó a reducir y, al comienzo del actual gobierno, suspender esos ataques para proteger a los infantes, los insurgentes vieron la oportunidad de utilizarlos como escudos contra las temibles operaciones aéreas.
Por eso la única solución no puede ser pedir que se recabe más información antes de bombardear para asegurarse de que todos los blancos son adultos; mientras los delincuentes sepan que no les lanzarán bombas sobre campamentos donde haya menores, harán lo posible por incorporar a varios de ellos en sus filas. Aunque de esa manera siguen cometiendo el crimen de reclutamiento forzado, lo cierto es que logran neutralizar una de las herramientas más eficaces con las que se cuenta para combatirlos. Y en tanto el Estado no pueda ofrecer mejores alternativas a este sector de la población, los infantes seguirán estando expuestos a ser involucrados en esta guerra fratricida .
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que todos los civiles –hayan o no alcanzado la adultez– gozan de protección en los conflictos armados mientras no se involucren en las hostilidades. De lo contrario, si utilizan armamento de combate, participan en emboscadas o ataques, o manipulan explosivos (para mencionar algunos ejemplos), pueden ser blanco de acciones de la fuerza pública. Un soldado estaría legitimado para disparar contra un civil (independientemente de su edad) cuando este se dispone a usar o usa un arma de fuego en su contra; y ese proceder es válido no solo en una situación de enfrentamiento terrestre individual, sino también cuando la reacción apropiada sea por vía aérea. En este último caso lo importante es que la acción de las Fuerzas Armadas sea necesaria desde el punto de vista militar, que sea proporcional a la amenaza que se pretende enfrentar, y que se adopten medidas para limitar los daños a lo estrictamente imprescindible.
