Una ambigua frase del presidente Petro generó polémica sobre la estabilidad del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc. Lo que dijo fue que quedó incompleto porque, si bien obliga a hacer una reforma rural integral, no se ocupa de otros asuntos que también deben ser revisados para alejarnos de la concepción de una Colombia anclada en la ruralidad, como el fortalecimiento del sistema universitario o un mayor impulso a la industrialización. A continuación, señaló que, aunque lo ya convenido se cumpliría, la necesidad de abordar esos temas pendientes hacía imperiosa una “transformación”; pero precisó que ella debe llevarse a cabo desde “una perspectiva de diálogo de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con un grupo”.
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Uno de los aspectos que resultaron determinantes para que pudiera rubricarse la paz con las Farc-Ep fue haber logrado reducir la agenda a tres grandes temas sobre los que había consenso en torno a la urgencia de modificarlos para reorientar el rumbo de la nación: la participación política, el replanteamiento en el manejo del problema de las drogas ilícitas y la reforma rural integral, no con miras a hacer de este un país fundamentalmente agropecuario, sino buscando reducir la enorme desigualdad social derivada en gran parte de la forma en que se ha venido distribuyendo y utilizando la tierra en Colombia.
Desde luego que por fuera de la discusión quedaron muchas cuestiones, pero no porque carecieran de importancia sino porque había claridad en cuanto a que un temario tan extenso como el planteado en el Caguán o el propuesto ahora con el Eln haría interminables los diálogos, dificultando la consecución de la paz. Los negociadores de La Habana entendieron que la finalidad de su labor no podía ser que ellos solos acordaran la forma de solucionar todas las dificultades de nuestra sociedad, sino crear las condiciones para que eso pudiera hacerse utilizando las herramientas y los conductos propios del Estado de derecho. No se trataba de persuadir a los insurgentes de que la concepción social, económica o política del Estado colombiano es mejor que la imaginada por ellos; el gran propósito de la mesa era llegar a un consenso que permitiera crear las condiciones para que los alzados en armas las dejaran y aceptaran luchar por sus ideales utilizando los canales democráticos. Por eso era tan importante convenir una ampliación de los mecanismos de participación política y permitirles hacer parte de instituciones como el Congreso.
Por extraño que pueda parecer, el Acuerdo de Paz fue un acuerdo para buscar la paz, no para conseguirla con la simple firma de un documento plagado de buenas intenciones. Y eso requiere dos cosas: la primera, cumplir lo ya acordado; la segunda, utilizar las instituciones democráticas para —con la intervención de los desmovilizados— debatir sobre las transformaciones que necesitamos en temas como los mencionados por el presidente. Para eso no hace falta modificar al Acuerdo, sino respetar su espíritu: deliberar sobre los grandes problemas del país en el escenario democrático, sin recurrir a la violencia.
