LA MODIFICACIÓN DE LOS MECANISmos de elección para cargos como los de las altas cortes, el aumento de sus períodos o el rediseño de su configuración pueden ser presentados como propuestas para mejorar la operatividad de nuestro sistema judicial.
Sin embargo, la actual composición de las cortes, la forma de acceder a ellas y el tiempo durante el que se puede permanecer en las mismas, no constituyen factores que entorpezcan el normal funcionamiento de la administración de justicia. Por esa razón, las enmiendas que en estos temas se proponen no van a suponer un alivio para la gran cantidad de personas que se ven obligadas a esperar durante muchos años las decisiones de unos jueces cuyos despachos están cada vez más congestionados de expedientes y cuya lentitud genera entre la ciudadanía sensación de impunidad.
Las reformas que requiere la administración de justicia deben estar prioritariamente encaminadas a permitir que todas las personas puedan acceder fácilmente a ella y a que las decisiones se tomen en tiempos razonablemente breves. Que eso es lo que se espera de nuestros jueces lo demuestra el éxito que ha tenido el mecanismo de la tutela frente a los canales tradicionales de impartición de justicia. El sistema penal de corte acusatorio que ahora funciona en Colombia ha dado señales de ser un paso en la dirección correcta, pero necesita un permanente monitoreo y la introducción de correctivos en el plano operativo para evitar que la agobiante congestión que empieza a sentirse entre los fiscales termine por colapsar un sistema que, en su configuración legal, tiene todos los elementos necesarios para funcionar de manera ágil y eficiente.
De la congestión judicial no escapa ni siquiera la Corte Suprema, que se debe ocupar de una gran cantidad de acciones de tutela, casaciones, revisiones, segundas instancias, investigaciones y juzgamiento de altos funcionarios del Estado. Como una forma de solucionar este problema, paulatinamente se ha ido dotando a cada magistrado de un número cada vez mayor de auxiliares que de manera eficiente ayudan a que cada despacho, individualmente considerado, esté relativamente al día con sus procesos; sin embargo, como los proyectos de decisión elaborados por cada magistrado deben ser sometidos al estudio y fallo de toda la Sala, lo que ha ocurrido en la práctica es que la congestión se ha trasladado de los magistrados individualmente considerados al conjunto de ellos. La Corte hace enormes esfuerzos para evacuar en reuniones conjuntas la mayor cantidad posible de casos, pero preocupa que esa loable intención pueda terminar por sacrificar la profundidad de análisis que cada caso merece.
Valdría la pena pensar en la posibilidad de subdividir las salas de la Corte Suprema en secciones compuestas cada una de ellas por tres magistrados, quienes se podrían ocupar de tomar todas aquellas decisiones de tutela, casación y revisión que no supongan un cambio en la línea jurisprudencial de la Corte. Sólo para aquellos casos en los que se haga necesario unificar o cambiar la jurisprudencia de la corporación o para el juzgamiento de altos funcionarios, sería necesario reunir a los nueve magistrados en pleno. De esta manera podría agilizarse el trabajo de este alto tribunal en beneficio de todos los ciudadanos, sin afectar la calidad de sus decisiones.
