El fiscal de la Corte Penal Internacional reiteró el apoyo de ese organismo a la Jurisdicción Especial para la Paz, recordando que la razón para cerrar la investigación preliminar que tuvo abierta durante 17 años contra Colombia por crímenes de guerra y lesa humanidad que no habían sido oportunamente judicializados y castigados, fue el diseño y puesta en marcha de ese tribunal.
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Esa es una buena noticia por dos razones: la primera, porque ratifica que fue un acierto la creación de ese modelo de tribunal nacional, concebido como un componente de un sistema de justicia transicional dentro del que la Comisión de la Verdad juega un papel importante, con facultades para conceder amnistías en el marco de una ley que las autoriza sujetas a los parámetros internacionales, con el encargo de ocuparse solo de los crímenes más graves y representativos, y con un abanico de sanciones a su disposición que le permite moverse entre las restaurativas (trabajos en beneficio de las víctimas) y las privativas de la libertad dependiendo del compromiso de los comparecientes con el sistema. La segunda, porque en sus primeros 7 años de existencia la JEP ha vencido las resistencias iniciales que su concepción despertó entre los críticos del proceso de paz, y porque ha conseguido significativos resultados como la aceptación que de una docena de crímenes de guerra y lesa humanidad hizo ya el antiguo secretariado de las FARC-EP, algo inédito en la historia.
Pero este respaldo no significa que no haya aspectos para mejorar, como desde hace varias semanas se viene advirtiendo por parte de diversos observadores. El trámite de las amnistías avanza con lentitud, aún no se ha impuesto ninguna sanción, la proliferación de resoluciones de conclusión puede dificultar su aplicación, y la apertura de nuevos casos que tienden a aumentar y complejizar sus labores cuando ya va por la mitad de su existencia, constituyen una alerta que no debe subestimar. En lugar de tomar esas observaciones como un ataque, debe poner en práctica ajustes que en 2032 le permitan afirmar que los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos fueron efectivamente sancionados.
En esa línea, es destacable que la JEP acabe de proferir una resolución en la que, entre otras cosas y como respuesta a reiteradas peticiones de desmovilizados, entrega a la Policía Nacional y a la Registraduría la información de quienes en los años 2017 y 2018 fueron amnistiados por el Gobierno Nacional en relación con los delitos políticos que cometieron, y los conexos con ellos. Esta resolución favorece a 9.600 personas que llevaban 7 años esperando que les consolidaran ese beneficio como presupuesto básico de su reincorporación, y pone en evidencia que los reclamos de los antiguos integrantes de las FARC-EP en este sentido no eran infundados.
Esta decisión es especialmente relevante porque muestra que la JEP tiene voluntad y capacidad para diseñar y poner en práctica correctivos que le permitan ajustar su funcionamiento de modo tal que, dentro del corto tiempo que le queda, pueda dejar resuelta la situación jurídica de todos quienes se sometieron a ella de manera forzosa o voluntaria.
