15 Dec 2020 - 3:00 a. m.

De crímenes y comisionados

Un ciudadano preocupado acaba de presentar ante la Comisión de Acusaciones una denuncia contra Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo, por haber omitido darles “el trámite correspondiente a las graves afirmaciones que se destacan en comunicación cruzada entre el entonces señor fiscal general de la Nación, Dr. Néstor Humberto Martínez y los denunciados (…)”. Según afirma el quejoso, pese a que en esos documentos se les informaba que algunos antiguos guerrilleros de las Farc seguían delinquiendo después de firmado el acuerdo de paz, ni el presidente ni su comisionado de Paz “adoptaron las medidas necesarias para llevar a buen recaudo ante la justicia” a dichas personas.

El delito en el que supuestamente habrían incurrido sería el de abuso de autoridad por omisión de denuncia, que se configura cuando un servidor público que tiene conocimiento de una conducta punible que deba investigarse de oficio “no de cuenta a la autoridad” de esos hechos. Como en nuestro país la institución encargada de investigar la posible comisión de delitos es la Fiscalía General de la Nación, los servidores públicos que se enteren de la posible ocurrencia de un crimen deben comunicarla de manera inmediata a un funcionario de ese ente investigador, so pena de incurrir ellos mismos en un comportamiento penalmente reprochable. La persona que más a la mano tenían el presidente y su comisionado de Paz para cumplir con su deber era Néstor Humberto Martínez, por entonces fiscal general de la Nación, que era precisamente quien les estaba transmitiendo esa información. Es decir, se los está denunciando por no haberle contado a Néstor Humberto Martínez que él les había dicho que antiguos integrantes de las Farc seguirían desarrollando actuaciones al margen de la ley.

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