Un ciudadano preocupado acaba de presentar ante la Comisión de Acusaciones una denuncia contra Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo, por haber omitido darles “el trámite correspondiente a las graves afirmaciones que se destacan en comunicación cruzada entre el entonces señor fiscal general de la Nación, Dr. Néstor Humberto Martínez y los denunciados (…)”. Según afirma el quejoso, pese a que en esos documentos se les informaba que algunos antiguos guerrilleros de las Farc seguían delinquiendo después de firmado el acuerdo de paz, ni el presidente ni su comisionado de Paz “adoptaron las medidas necesarias para llevar a buen recaudo ante la justicia” a dichas personas.
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El delito en el que supuestamente habrían incurrido sería el de abuso de autoridad por omisión de denuncia, que se configura cuando un servidor público que tiene conocimiento de una conducta punible que deba investigarse de oficio “no de cuenta a la autoridad” de esos hechos. Como en nuestro país la institución encargada de investigar la posible comisión de delitos es la Fiscalía General de la Nación, los servidores públicos que se enteren de la posible ocurrencia de un crimen deben comunicarla de manera inmediata a un funcionario de ese ente investigador, so pena de incurrir ellos mismos en un comportamiento penalmente reprochable. La persona que más a la mano tenían el presidente y su comisionado de Paz para cumplir con su deber era Néstor Humberto Martínez, por entonces fiscal general de la Nación, que era precisamente quien les estaba transmitiendo esa información. Es decir, se los está denunciando por no haberle contado a Néstor Humberto Martínez que él les había dicho que antiguos integrantes de las Farc seguirían desarrollando actuaciones al margen de la ley.
Pese a que este detalle parecería tornar innecesaria la activación de la Comisión de Acusaciones, creo que la denuncia le da a ese ente la posibilidad de investigar si, además de su curiosa labor epistolar, Martínez Neira inició una indagación penal respecto de esos hechos. Porque el Código Penal también sanciona como prevaricato por omisión al servidor público que omita un acto propio de sus funciones, como sería el caso del fiscal general que, siendo competente para perseguir a quienes desarrollan actividades criminales, se abstiene de hacerlo pese a dejar constancia escrita de que conoce conductas que, a su juicio, configuran una violación a la ley penal.
¿Por qué pese a saber que los delitos cometidos por los desmovilizados después de suscrito el acuerdo de paz debían ser investigados por la Fiscalía, el jefe de esa entidad no lo hizo respecto de los acontecimientos que con tanto esmero consignaba en sus cartas? ¿Esos mensajes tenían solo el propósito de preparar al Gobierno para el momento en el que alguno de los antiguos guerrilleros “picara”, como gráficamente lo describió el exfiscal? Esta denuncia le puede permitir a la Comisión de Acusaciones indagar sobre estos y otros interrogantes que Martínez Neira no ha conseguido responder pese a sus reiteradas apariciones en medios, y a él le permitiría hacer sus primeros aportes como integrante de la comisión contra el crimen.
