En los últimos días han proliferado las noticias sobre delitos violentos en Bogotá, que van desde los robos cometidos en restaurantes por sujetos armados hasta homicidios perpetrados por bandas de sicarios, pasando por intentos de hurto que han terminado con personas heridas y muertas en medio de intercambios de disparos entre delincuentes, víctimas y terceros.
Frente a situaciones como las descritas, una de las reacciones más frecuentes es la de pedir que se permita a la ciudadanía enfrentar directamente a los malhechores; como el porte de armas está permitido en Colombia, la propuesta está dirigida realmente a reducir los requisitos para obtener ese permiso, es decir, lo que se busca es que sea más fácil conseguir la autorización para llevar consigo una pistola o un revólver. La primera dificultad de ese planteamiento es que, al bajar el nivel de exigencia para su porte o tenencia, se incrementa el riesgo de que puedan ser indebidamente empleadas por individuos que carecen de las habilidades físicas y psíquicas que se requieren para su adecuado manejo. Un segundo inconveniente es que la generalización de respuestas violentas por parte de los particulares en contra de los ladrones suele llevar a un correlativo aumento de la agresividad de los maleantes en contra de sus víctimas para tratar de evitar, de antemano, resultar heridos o muertos.
Un tercer problema tiene que ver con las consecuencias legales que pueden derivarse del uso de la fuerza para repeler acciones criminales. Esporádicamente proliferan en los medios de comunicación noticias sobre la forma en que algunos ciudadanos se han enfrentado a los delincuentes: unos han perseguido con sus carros a los ladrones hasta atropellarlos causándoles lesiones o incluso la muerte, otros le han quitado la vida a quien en realidad los amenazaba con un arma de fogueo, algunos más han intercambiado disparos con los asaltantes provocando heridas o matando a terceros ajenos a la situación, y unos menos afortunados han fallecido en el intento de defender sus pertenencias.
Aun cuando en las redes sociales, en los periódicos y en los noticieros es frecuente encontrar multiplicidad de opiniones sobre estos incidentes, que suelen reducirse a vehementes afirmaciones sobre la existencia o no de una justificante, lo cierto es que el reconocimiento judicial de una legítima defensa no es un asunto sencillo, por lo que en algunas ocasiones quien la invoca en su favor puede permanecer vinculado a una investigación penal por un tiempo prolongado. Hace un par de años publicamos en el Externado de Colombia un pequeño libro en el que expusimos las complejidades de la legítima defensa, a partir de casos que habían tenido un gran despliegue mediático.
El control de la delincuencia violenta debe ser abordado de manera coordinada entre la policía, la administración de justicia y el sistema penitenciario. Eso no significa necesariamente modificar las normas para endurecer las penas, sino hacer más eficiente el cumplimiento de las que ya existen, lo que incluye avanzar en la modernización del sistema penitenciario para impedir que desde las cárceles se siga delinquiendo.
En los últimos días han proliferado las noticias sobre delitos violentos en Bogotá, que van desde los robos cometidos en restaurantes por sujetos armados hasta homicidios perpetrados por bandas de sicarios, pasando por intentos de hurto que han terminado con personas heridas y muertas en medio de intercambios de disparos entre delincuentes, víctimas y terceros.
Frente a situaciones como las descritas, una de las reacciones más frecuentes es la de pedir que se permita a la ciudadanía enfrentar directamente a los malhechores; como el porte de armas está permitido en Colombia, la propuesta está dirigida realmente a reducir los requisitos para obtener ese permiso, es decir, lo que se busca es que sea más fácil conseguir la autorización para llevar consigo una pistola o un revólver. La primera dificultad de ese planteamiento es que, al bajar el nivel de exigencia para su porte o tenencia, se incrementa el riesgo de que puedan ser indebidamente empleadas por individuos que carecen de las habilidades físicas y psíquicas que se requieren para su adecuado manejo. Un segundo inconveniente es que la generalización de respuestas violentas por parte de los particulares en contra de los ladrones suele llevar a un correlativo aumento de la agresividad de los maleantes en contra de sus víctimas para tratar de evitar, de antemano, resultar heridos o muertos.
Un tercer problema tiene que ver con las consecuencias legales que pueden derivarse del uso de la fuerza para repeler acciones criminales. Esporádicamente proliferan en los medios de comunicación noticias sobre la forma en que algunos ciudadanos se han enfrentado a los delincuentes: unos han perseguido con sus carros a los ladrones hasta atropellarlos causándoles lesiones o incluso la muerte, otros le han quitado la vida a quien en realidad los amenazaba con un arma de fogueo, algunos más han intercambiado disparos con los asaltantes provocando heridas o matando a terceros ajenos a la situación, y unos menos afortunados han fallecido en el intento de defender sus pertenencias.
Aun cuando en las redes sociales, en los periódicos y en los noticieros es frecuente encontrar multiplicidad de opiniones sobre estos incidentes, que suelen reducirse a vehementes afirmaciones sobre la existencia o no de una justificante, lo cierto es que el reconocimiento judicial de una legítima defensa no es un asunto sencillo, por lo que en algunas ocasiones quien la invoca en su favor puede permanecer vinculado a una investigación penal por un tiempo prolongado. Hace un par de años publicamos en el Externado de Colombia un pequeño libro en el que expusimos las complejidades de la legítima defensa, a partir de casos que habían tenido un gran despliegue mediático.
El control de la delincuencia violenta debe ser abordado de manera coordinada entre la policía, la administración de justicia y el sistema penitenciario. Eso no significa necesariamente modificar las normas para endurecer las penas, sino hacer más eficiente el cumplimiento de las que ya existen, lo que incluye avanzar en la modernización del sistema penitenciario para impedir que desde las cárceles se siga delinquiendo.