Los crecientes niveles de inseguridad son preocupantes, pero también lo es la forma errática como se está enfrentando la situación. Mientras la Policía arremete contra los jueces con el argumento de que dejan en libertad a quienes ellos capturan, la alcaldesa de Bogotá, con un evidente desconocimiento del tema, los acusa de estar del lado de la impunidad, y les advierte que si no asumen un mayor compromiso con la seguridad “no vamos a salir adelante como nación”. El ministro de Justicia, en la misma línea, nos recordó que gracias a sus enormes esfuerzos para reducir el hacinamiento las cárceles ya están listas para ser llenadas nuevamente, y les pidió a los jueces que no se apeguen tanto a las normas.
Por definición, la justicia penal solo actúa cuando un delito se ha producido, es decir, cuando ya ha ocurrido una falla en materia de seguridad. Es a los gobernantes a quienes en primera instancia les corresponde indagar por las causas que elevan los niveles de delincuencia y poner en práctica políticas que permitan eliminarlas o cuando menos mitigarlas. No es una casualidad que las cifras de delitos contra el patrimonio económico sean menores en los países con reducidas tasas de desigualdad social. Desafortunadamente conjurar la delincuencia desde sus raíces requiere una profunda, continua y amplia intervención del Estado en áreas como educación, salud, trabajo, vivienda y servicios públicos, que suele exceder la visión de corto plazo de algunos gobernantes.
Por supuesto que la imposición de sanciones penales a los criminales tiene como uno de sus propósitos el de persuadir a la gente de no cometer delitos, pero desde el punto de vista de los ciudadanos resulta mucho más importante evitar que los atraquen, lesionen o maten, que encerrar a quienes ya les causaron esos daños. Pero la alcaldesa de Bogotá y el ministro de Justicia han optado por el fácil e irresponsable camino de culpar a los jueces de la actual situación mediante el hábil argumento de equiparar la seguridad (que es ante todo un asunto del Ejecutivo) con la administración de justicia (cuyo papel en ese ámbito es, como ya se indicó, residual). El siguiente paso será, como ya varios se han apresurado a proponerlo, impulsar reformas legales para aumentar penas y ampliar los términos de la detención preventiva, o recurrir a una constituyente limitada a temas de justicia. La Constitución Política se modifica en Colombia unas dos veces al año y el Código Penal cada tres meses, ¿realmente quieren convencernos de que el problema es que nos faltan más normas de esas a las que el ministro de Justicia sugiere no apegarse tanto?
De otro lado, tener que recurrir a los militares para el control de la delincuencia ordinaria no solo muestra el fracaso de algunos alcaldes en el control de esa criminalidad, sino que puede generar dificultades adicionales, porque la formación del Ejército no es equiparable a la de la Policía; son cuerpos concebidos para funciones completamente distintas, manejan protocolos de intervención diferentes e incluso cuentan con diversas clases de equipo y armamento, precisamente porque los conflictos que deben enfrentar no son los mismos.
