El Congreso favorecería a los asesinos de niños
El acto legislativo que el Senado está a punto de aprobar reducirá el tiempo que deben estar presos quienes violen y maten —o solo maten— a menores de 14 años. Por extraño que parezca, el tan promocionado proyecto para implantar la cadena perpetua con el fin de proteger los derechos de los niños encerrando de por vida a sus agresores permitirá que estos permanezcan en prisión menos de lo que las leyes actuales prevén.
Quien hoy en día agreda sexualmente a un menor y después le cause la muerte, puede ser condenado a 60 años de cárcel, que por trabajo y estudio se reducirían a 40, pero como todos los demás beneficios están prohibidos, jamás podrá estar encarcelado menos de 40 años. Una vez que se apruebe esta norma constitucional, esa persona podrá quedar en libertad a los 25 años, porque ella establece que en ese plazo se evalúe si el condenado se encuentra en condiciones de reincorporarse a la sociedad. Según la legislación actual, quien mate a un menor puede recibir una pena de 50 años, que con trabajo y estudio quedaría en 33; como ese es el único beneficio que la ley permite para este delito, sus autores en ningún caso abandonarán la prisión antes de 33 años. Una vez que el Congreso autorice la cadena perpetua, ese sujeto podrá ser excarcelado a los 25 años porque el proyecto permite liberar a quienes en ese momento prueben estar rehabilitados. Un dato más: esos 25 años serán en la práctica 16,5 con el descuento por trabajo y estudio.
Como la Constitución dice que en materia penal se debe aplicar la ley que resulte más favorable a los procesados, todos los que desde el 2005 (año en el que comenzaron a regir las actuales sanciones) están condenados por esos crímenes a penas de 50 o 60 años, podrán pedir su libertad a los 16,5 si demuestran haberse resocializado. Esta oportunidad se abrirá gracias a que el artículo de cadena perpetua que el Congreso se dispone a aprobar con la idea de fortalecer el castigo contra esos delincuentes, y de esa manera proteger los derechos de los niños, en realidad les reducirá su permanencia obligatoria en la cárcel de 40 a 16 años.
¿Cómo es posible que se incurra en semejante contradicción? En realidad, la explicación no es muy difícil. Para evitar que la cadena perpetua fuera vista como un acto de venganza estatal frente al delincuente, los impulsores de esta iniciativa decidieron hacerla compatible con la función resocializadora que en Colombia le reconocen a la pena tanto la ley como la Corte Constitucional. Por eso incluyeron en ella la opción de que a los 25 años los condenados por estos delitos puedan recuperar su libertad si acreditan estar resocializados.
La plenaria del Senado está ahora frente a una encrucijada: o aprueba la cadena perpetua consciente de que con ello reduce el tiempo que actualmente deben permanecer en la cárcel esos delincuentes, o la hunde para evitar que eso ocurra. Intentar modificar el texto en el último debate para eliminar la posibilidad de una libertad anticipada por resocialización difícilmente superaría un examen de constitucionalidad porque ese es uno de los ejes centrales del proyecto de acto legislativo.
El acto legislativo que el Senado está a punto de aprobar reducirá el tiempo que deben estar presos quienes violen y maten —o solo maten— a menores de 14 años. Por extraño que parezca, el tan promocionado proyecto para implantar la cadena perpetua con el fin de proteger los derechos de los niños encerrando de por vida a sus agresores permitirá que estos permanezcan en prisión menos de lo que las leyes actuales prevén.
Quien hoy en día agreda sexualmente a un menor y después le cause la muerte, puede ser condenado a 60 años de cárcel, que por trabajo y estudio se reducirían a 40, pero como todos los demás beneficios están prohibidos, jamás podrá estar encarcelado menos de 40 años. Una vez que se apruebe esta norma constitucional, esa persona podrá quedar en libertad a los 25 años, porque ella establece que en ese plazo se evalúe si el condenado se encuentra en condiciones de reincorporarse a la sociedad. Según la legislación actual, quien mate a un menor puede recibir una pena de 50 años, que con trabajo y estudio quedaría en 33; como ese es el único beneficio que la ley permite para este delito, sus autores en ningún caso abandonarán la prisión antes de 33 años. Una vez que el Congreso autorice la cadena perpetua, ese sujeto podrá ser excarcelado a los 25 años porque el proyecto permite liberar a quienes en ese momento prueben estar rehabilitados. Un dato más: esos 25 años serán en la práctica 16,5 con el descuento por trabajo y estudio.
Como la Constitución dice que en materia penal se debe aplicar la ley que resulte más favorable a los procesados, todos los que desde el 2005 (año en el que comenzaron a regir las actuales sanciones) están condenados por esos crímenes a penas de 50 o 60 años, podrán pedir su libertad a los 16,5 si demuestran haberse resocializado. Esta oportunidad se abrirá gracias a que el artículo de cadena perpetua que el Congreso se dispone a aprobar con la idea de fortalecer el castigo contra esos delincuentes, y de esa manera proteger los derechos de los niños, en realidad les reducirá su permanencia obligatoria en la cárcel de 40 a 16 años.
¿Cómo es posible que se incurra en semejante contradicción? En realidad, la explicación no es muy difícil. Para evitar que la cadena perpetua fuera vista como un acto de venganza estatal frente al delincuente, los impulsores de esta iniciativa decidieron hacerla compatible con la función resocializadora que en Colombia le reconocen a la pena tanto la ley como la Corte Constitucional. Por eso incluyeron en ella la opción de que a los 25 años los condenados por estos delitos puedan recuperar su libertad si acreditan estar resocializados.
La plenaria del Senado está ahora frente a una encrucijada: o aprueba la cadena perpetua consciente de que con ello reduce el tiempo que actualmente deben permanecer en la cárcel esos delincuentes, o la hunde para evitar que eso ocurra. Intentar modificar el texto en el último debate para eliminar la posibilidad de una libertad anticipada por resocialización difícilmente superaría un examen de constitucionalidad porque ese es uno de los ejes centrales del proyecto de acto legislativo.