En su informe al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU dijo que el presidente Duque ha manifestado su intención de cumplir el acuerdo de paz suscrito con las Farc; eso es cierto; pero mientras en sus apariciones internacionales transmite ese mensaje, las actuaciones del Gobierno indican otra cosa.
Si bien en La Habana se acordó que habría mayor apertura democrática para fortalecer la participación en política, y se pactó crear una unidad que desde la Fiscalía se encargara de acabar con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, el ministro de Defensa propuso regular la protesta social; se impulsó una ley que le daría al Gobierno mayor libertad para expedir, prorrogar y revocar licencias a medios de comunicación; se anuncia como un éxito la identificación de algunos de los autores materiales de crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero ni el número de sus asesinatos ha disminuido, ni se sabe nada sobre quiénes se encuentran detrás de esa campaña de exterminio.
Aun cuando se convino dar un enfoque de salud pública al consumo de las drogas ilícitas e impulsar un programa de sustitución de cultivos que le permita a los pequeños cultivadores disponer de alternativas lícitas de subsistencia, el presidente decidió perseguir el porte de la dosis mínima e insiste en la aspersión aérea para erradicar los cultivos de coca.
Pese a que se creó un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que de manera autónoma se encargará de procesar los crímenes ocurridos durante y en relación con el conflicto armado, el Congreso estuvo a punto de aprobar una norma que autorizaba al presidente a reactivar discrecionalmente ordenes de captura contra excombatientes de las Farc, y continuamente se anuncian modificaciones legales para limitar las facultades de la JEP, con el propósito de controlar supuestas extralimitaciones de sus funciones.
El acuerdo para que los combatientes de las Farc se desarmaran ha sido considerado internacionalmente como uno de los más exitosos por la rapidez con que se materializó y por el número de armas entregadas en proporción con el de desmovilizados. Sin embargo, el Gobierno propone que los ciudadanos tengan mayor libertad de portarlas para defenderse, con lo que renuncia a mantener el monopolio sobre su uso, y reconoce su incapacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos; pésimos mensajes.
La paz no se consigue limitando la libertad de los medios de comunicación, restringiendo la protesta social, esparciendo glifosato sobre los pequeños cultivadores de coca, persiguiendo a los consumidores de droga y armando a las “personas de bien” para que se defiendan de “los malos”, mientras una poderosa mano negra asesina impunemente líderes sociales y defensores de derechos humanos. Lo que hace falta es, como también lo insinuó el secretario general de la ONU, que el Estado llegue a todo el territorio nacional; que lo haga con seguridad, por supuesto, pero también con vías de comunicación, con viviendas, con educación, con salud, con opciones reales de subsistencia para todos los habitantes del territorio nacional y con justicia.
En su informe al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU dijo que el presidente Duque ha manifestado su intención de cumplir el acuerdo de paz suscrito con las Farc; eso es cierto; pero mientras en sus apariciones internacionales transmite ese mensaje, las actuaciones del Gobierno indican otra cosa.
Si bien en La Habana se acordó que habría mayor apertura democrática para fortalecer la participación en política, y se pactó crear una unidad que desde la Fiscalía se encargara de acabar con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, el ministro de Defensa propuso regular la protesta social; se impulsó una ley que le daría al Gobierno mayor libertad para expedir, prorrogar y revocar licencias a medios de comunicación; se anuncia como un éxito la identificación de algunos de los autores materiales de crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero ni el número de sus asesinatos ha disminuido, ni se sabe nada sobre quiénes se encuentran detrás de esa campaña de exterminio.
Aun cuando se convino dar un enfoque de salud pública al consumo de las drogas ilícitas e impulsar un programa de sustitución de cultivos que le permita a los pequeños cultivadores disponer de alternativas lícitas de subsistencia, el presidente decidió perseguir el porte de la dosis mínima e insiste en la aspersión aérea para erradicar los cultivos de coca.
Pese a que se creó un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que de manera autónoma se encargará de procesar los crímenes ocurridos durante y en relación con el conflicto armado, el Congreso estuvo a punto de aprobar una norma que autorizaba al presidente a reactivar discrecionalmente ordenes de captura contra excombatientes de las Farc, y continuamente se anuncian modificaciones legales para limitar las facultades de la JEP, con el propósito de controlar supuestas extralimitaciones de sus funciones.
El acuerdo para que los combatientes de las Farc se desarmaran ha sido considerado internacionalmente como uno de los más exitosos por la rapidez con que se materializó y por el número de armas entregadas en proporción con el de desmovilizados. Sin embargo, el Gobierno propone que los ciudadanos tengan mayor libertad de portarlas para defenderse, con lo que renuncia a mantener el monopolio sobre su uso, y reconoce su incapacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos; pésimos mensajes.
La paz no se consigue limitando la libertad de los medios de comunicación, restringiendo la protesta social, esparciendo glifosato sobre los pequeños cultivadores de coca, persiguiendo a los consumidores de droga y armando a las “personas de bien” para que se defiendan de “los malos”, mientras una poderosa mano negra asesina impunemente líderes sociales y defensores de derechos humanos. Lo que hace falta es, como también lo insinuó el secretario general de la ONU, que el Estado llegue a todo el territorio nacional; que lo haga con seguridad, por supuesto, pero también con vías de comunicación, con viviendas, con educación, con salud, con opciones reales de subsistencia para todos los habitantes del territorio nacional y con justicia.