El candidato De la Espriella leyó bien el panorama electoral; cuando se pensaba que el triunfo dependía de un acercamiento al centro, le apostó a un discurso radical que lo llevó a la presidencia. Ahora, como gobernante, debe afinar sus planteamientos para que, sin traicionar a sus electores, proteja la estructura democrática del país haciendo respetar, pero también respetando, la separación de poderes y el catálogo de derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Aun cuando su formación es de abogado, para transitar por esta senda tendrá un importante soporte en su recién designado ministro de Justicia, heredero (por líneas materna y paterna) de una sólida concepción humanista y liberal del Estado.
El asunto de las cárceles -del que me ocupé en una reciente columna- es un buen ejemplo de cómo se puede hacer compatible la idea de construir megacárceles (una cuestión tan popular como controversial) con los requerimientos del sistema penitenciario en cuanto a hacinamiento y seguridad, con la salvaguardia de los derechos de los reclusos manteniéndolos en condiciones dignas, con la conservación de un procedimiento penal garantista que restrinja el uso de la detención preventiva, y con la necesaria actualización de una política de reinserción social.
Pasado el fragor de la contienda electoral, la propuesta de acabar con la JEP también debe ser repensada. Desde una perspectiva pragmática, porque suprimirla o modificarla sustancialmente requiere de una reforma constitucional que, si contara con sólidas mayorías en el Congreso, lograría a finales de 2028 o comienzos del 2029, después de lo cual debería esperar cerca de otro año para conocer la decisión que sobre los cambios logrados profiriera la Corte Constitucional. Dada la complejidad del tema y sus repercusiones nacionales e internacionales, De la Espriella se vería obligado a dedicar su cuatrienio a sacar adelante esta iniciativa. Pero como el plazo que tiene la JEP para formular acusaciones vence a comienzos de 2028, cuando se produjera su hipotética eliminación el trabajo de investigación ya habría terminado; y como la Constitución prevé que esa jurisdicción desaparezca en el 2033, la pregunta es si merece la pena dedicar todo su gobierno a terminar con lo que finalizará tres años después de que él se vaya, y que no alcanzará a afectar las labores de indagación.
Mirado desde una óptica sustancial, el desmantelamiento de la JEP no conduce a que -como algunos piensan- se les impongan penas ordinarias de cárcel a los antiguos integrantes de las FARC. La indiscutible vigencia del principio de favorabilidad penal lleva a que ninguna norma que en el futuro se expida agravando las sanciones que hoy están previstas para esos desmovilizados les pueda ser aplicada. Si ya no es jurídicamente viable cambiar ese diseño, ¿para qué dedicar esfuerzos en la destrucción de ese sistema de justicia transicional?
Si se lo analiza desde el punto de vista del conflicto armado, no cabe duda de que ese acuerdo de paz fue exitoso; se desmovilizó la casi totalidad del grupo guerrillero más grande que entonces existía en el país, y tanto sus antiguos dirigentes como la inmensa mayoría de los excombatientes han hecho un ordenado y respetuoso tránsito a la legalidad. Coincido con quienes piensan que el planteamiento y la puesta en marcha de la denominada paz total fueron caóticos; las actividades de las organizaciones criminales han aumentado significativamente, y el Estado ha perdido control territorial, con las consecuencias que ello acarrea en materia de inseguridad. Esa situación es uno de los muchos problemas que el nuevo gobierno debe comenzar a resolver; ¿qué necesidad tiene de crear uno nuevo que hoy no existe intentando desmantelar la JEP?
