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30 Nov 2021 - 5:30 a. m.

El lejano Oeste

En términos generales, en Colombia tenemos un Código Penal bien estructurado y compatible con los principios de un Estado de derecho. Hay, sin embargo, algunas normas difíciles de explicar fuera del país, como la de la llamada legítima defensa privilegiada que autoriza al morador de una vivienda a usar la violencia —incluso mortal— contra quien de manera indebida penetre en ella, sin necesidad de demostrar que están dados los requisitos propios de una legítima defensa.

¿Cómo es posible —preguntan asombrados los penalistas alemanes o españoles— que se privilegie el derecho de propiedad sobre el de la vida? Es que en Colombia —intentamos argumentar— tenemos unos elevados índices de inseguridad y los ladrones recurren con cada vez más frecuencia al uso de la violencia para cometer sus crímenes. ¿Pero acaso —insisten los colegas europeos sin ocultar su perplejidad— el Estado no tiene la capacidad de prevenir la proliferación de esa clase de delitos? Ante esta pregunta el margen de respuesta es cada vez menor y el proyecto de ley de seguridad ciudadana que el Gobierno acaba de presentar lo deja en evidencia; en él no solo se revive una antigua norma que permite al morador reaccionar de manera ilimitada contra quien penetra sin permiso a la vivienda o intenta hacerlo, sino que extiende esta autorización a los casos en que dichas conductas ocurran en locales comerciales o vehículos.

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