A diferencia de lo que ocurre con los Estados, que desde hace más de 50 años las persiguen usando el mismo método (la represión penal), las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas ajustan periódicamente sus estrategias para fortalecerse e incrementar sus ilícitas ganancias.
Frente a los programas de erradicación de cultivos de coca han reaccionado expandiendo las plantaciones por diversas zonas del país para dificultar la labor de las autoridades y han cambiado los arbustos por variedades mejoradas cuya mayor productividad les compensa la eventual reducción de las hectáreas sembradas. Incluso si se presentara una disminución muy significativa del número de plantas de coca, el negocio no solo no desparecería, sino que el precio del kilo de cocaína aumentaría en beneficio de los narcotraficantes, puesto que la demanda en el mundo no ha parado de crecer y sus usuarios necesitan ser abastecidos.
Como consecuencia de esa dinámica, en el 2021 el área de esos cultivos creció en un 43 % frente al año inmediatamente anterior y la productividad se incrementó en un 14 %, porcentajes que les permitirían a quienes controlan el narcotráfico conservar su poder económico. Pero la paulatina desaceleración del ritmo de erradicación forzosa desde finales del 2022, que alcanzó su nivel máximo en enero de 2023 con cero hectáreas destruidas, ha generado una sobreoferta de hoja de coca que, como ocurre en el mercado de productos lícitos, afecta negativamente su valor. En zonas como Nariño, los campesinos involucrados en estas actividades no solo enfrentan dificultades para conseguir compradores, sino que tienen problemas para que en las tiendas y los comercios de su región les fíen productos como ocurría en el pasado, ante la incertidumbre generalizada de si alguien les dará por sus cosechas dinero suficiente para pagar sus deudas y afrontar sus necesidades.
En México los grandes carteles de la droga han comenzado a diversificar sus actividades ilícitas para contrarrestar los golpes de las autoridades norteamericanas que buscan taponar el principal corredor de ingreso de coca a su país. Con insumos de bajo precio adquiridos en países orientales, han incrementado la elaboración de opioides sintéticos como el fentanilo que el año pasado ya ocasionó el 66 % de las muertes por intoxicación de drogas en Estados Unidos. Este giro en el negocio se explica porque su producción requiere una logística menos compleja que la de la cocaína y su distribución y comercialización pueden solaparse más fácilmente con los medicamentos lícitos, lo que a su vez dificulta su persecución.
Ejemplos como estos ponen de presente que las drogas de uso ilícito son ante todo un negocio sometido a las reglas del mercado y que ese factor no debe ser descuidado al momento de diseñar las políticas para enfrentar a las organizaciones criminales que se dedican a él. La propuesta de legalizar la cocaína, por ejemplo, es impensable en un mundo en el que la mayoría de los países estarían en contra de esa medida, porque esa oposición haría inviable la creación y el mantenimiento de un comercio regido por las leyes de la economía.
