El perdón social

La manera como Gustavo Petro ha pretendido explicar la reunión de su hermano con unos presos en La Picota deja más interrogantes que respuestas. Aun cuando luego dijo que no se trató de una actuación ligada a su campaña, su reacción inicial fue la de señalar que Iván Moreno “está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal” y que le ha sugerido “ser constructor de lo que yo he propuesto, que se llama el perdón social”. Si conocía las ideas de Moreno sobre cómo poner en práctica una de sus propuestas de campaña (el perdón social) e incluso las califica de interesantes e invita a que lo corroboremos, es difícil creer que la visita de su pariente a pocas semanas de la primera vuelta presidencial haya sido una simple coincidencia.

Petro afirma ahora que el perdón al que se refiere “no es jurídico ni divino sino social, no lo ordena el presidente sino la sociedad”. Si es cierto que se trata de un concepto desligado del aspecto jurídico, ¿por qué sostiene que “implica justicia reparativa y verdad”? Como no resulta imaginable que esa reparación y ese ofrecimiento de verdad sean algo que se negocie directamente entre el autor de una conducta delictiva y las víctimas, asumo que se trata de dos condiciones que deben ser avaladas por una autoridad judicial como presupuesto para acceder al perdón social. Pero, dado que los jueces deben ceñir sus actuaciones a lo que establecen las normas, serán estas las que indiquen qué requisitos hacen falta para considerar que alguien les ha cumplido a las víctimas tanto con la reparación como con la verdad; por eso, no resulta descabellado pensar que uno de los pasos necesarios para poner en práctica el plan de Petro sea el de introducir modificaciones legales que le permitan desarrollarlo.

Me parece necesario orientar la política criminal hacia la reintegración social de los delincuentes y estoy de acuerdo en que las campañas políticas se ocupen de ese tema en lugar de limitarse a ofrecer aumento de los cupos carcelarios y elevación de las penas privativas de la libertad. Fajardo, por ejemplo, anuncia medidas como el acompañamiento del pospenado de tal manera que pueda rehacer su vida en sociedad y propone la generación de oportunidades laborales y educativas como forma de prevenir la delincuencia de los menores de edad. Son planteamientos de carácter general, basados en el reconocimiento de que una parte importante de los delitos contra el patrimonio económico obedecen a razones de inequidad social y un porcentaje nada despreciable de la reincidencia tiene que ver con la falta de mecanismos que posibiliten la reintegración social de quienes han delinquido.

En contraste, llama la atención que la puesta en marcha del proyecto de Petro haya terminado discutiéndose en un patio especial de La Picota que alberga a personas que han ocupado una destacada posición social o política. ¿Por qué comenzar la implementación de un perdón social con esa categoría especial de presos? ¿Qué pueden ofrecer ellos que no esté al alcance de los reclusos que carecen de esos atributos? Interrogantes como estos aumentan las dudas sobre las verdaderas razones que motivaron esta reunión.