Quienes impulsaron en el Congreso la inclusión de la cadena perpetua en la Constitución intentaron hacerla compatible con una tesis varias veces reiterada por la Corte Constitucional: la pena de prisión tiene entre sus principales finalidades la de resocializar al delincuente. Por eso incorporaron en el texto la obligación de que esa pena sea revisada a los 25 años de su ejecución para evaluar la resocialización del condenado.
Desde entonces se les advirtió a los entusiastas reformadores que, en contra de su propósito de endurecer el castigo de quienes cometían delitos graves contra niños, niñas y adolescentes, los estarían favoreciendo. El argumento que no quisieron escuchar ni los legisladores ni muchos medios de comunicación es muy simple: quien intencionalmente mata a un menor de edad puede recibir una pena de hasta 60 años de prisión que, con la reducción por trabajo y estudio, puede quedar en 40. La prisión perpetua que se aprobó le permite a esa misma persona quedar en libertad a los 25 años, es decir, ahora pagaría 15 años menos de prisión que antes de la publicitada reforma. Pero, además, como esa es una norma penal más favorable, todos los condenados por esos delitos antes de la implantación de la cadena perpetua podrán pedir que su situación les sea revisada a los 25 años con miras a obtener la libertad.
Como ese artículo constitucional no puede aplicarse sin la expedición de una ley que lo desarrolle, el Ministerio de Justicia anunció que presentará al Congreso un proyecto en ese sentido. En su preparación han tropezado con las dificultades que se les habían advertido a los impulsores de la cadena perpetua, porque se han dado cuenta de que en lugar de agravar la sanción para esos casos la suavizaron. Para intentar solucionar semejante equivocación, sugieren que la revisión que se debe hacer a los 25 años no tenga como consecuencia la libertad del condenado, sino la modificación de la pena en el sentido de reducirla de perpetua a 50 o 60 años, lo que en realidad la agrava y contradice la norma constitucional, porque lleva a que una persona respecto de la cual se demuestra que ya la pena cumplió su función resocializadora debe continuar en prisión.
Parece que los impulsores de la cadena perpetua nunca buscaron hacerla compatible con la reinserción social del condenado, sino que pretendían todo lo contrario: expulsarlo de la sociedad por el resto de su vida. No niego que esa es una de las posturas teóricas posibles en cuanto a los fines que debe cumplir la sanción penal; pero si eso es lo que piensan nuestros legisladores y el Gobierno, entonces deberían decirlo abiertamente en lugar de aparentar la defensa de la resocialización mientras proponen normas que la desconocen al decir que, aun cuando a los 25 años se compruebe que el condenado es apto para vivir en sociedad, debe permanecer en prisión otros 35 años.
No creo que quienes aprobaron la reforma constitucional hayan pensado suficientemente este tema, y por eso el Gobierno está enredado tratando de endurecer a través de una ley la duración de unas penas que fueron suavizadas por una reforma constitucional más populista que realista.
Quienes impulsaron en el Congreso la inclusión de la cadena perpetua en la Constitución intentaron hacerla compatible con una tesis varias veces reiterada por la Corte Constitucional: la pena de prisión tiene entre sus principales finalidades la de resocializar al delincuente. Por eso incorporaron en el texto la obligación de que esa pena sea revisada a los 25 años de su ejecución para evaluar la resocialización del condenado.
Desde entonces se les advirtió a los entusiastas reformadores que, en contra de su propósito de endurecer el castigo de quienes cometían delitos graves contra niños, niñas y adolescentes, los estarían favoreciendo. El argumento que no quisieron escuchar ni los legisladores ni muchos medios de comunicación es muy simple: quien intencionalmente mata a un menor de edad puede recibir una pena de hasta 60 años de prisión que, con la reducción por trabajo y estudio, puede quedar en 40. La prisión perpetua que se aprobó le permite a esa misma persona quedar en libertad a los 25 años, es decir, ahora pagaría 15 años menos de prisión que antes de la publicitada reforma. Pero, además, como esa es una norma penal más favorable, todos los condenados por esos delitos antes de la implantación de la cadena perpetua podrán pedir que su situación les sea revisada a los 25 años con miras a obtener la libertad.
Como ese artículo constitucional no puede aplicarse sin la expedición de una ley que lo desarrolle, el Ministerio de Justicia anunció que presentará al Congreso un proyecto en ese sentido. En su preparación han tropezado con las dificultades que se les habían advertido a los impulsores de la cadena perpetua, porque se han dado cuenta de que en lugar de agravar la sanción para esos casos la suavizaron. Para intentar solucionar semejante equivocación, sugieren que la revisión que se debe hacer a los 25 años no tenga como consecuencia la libertad del condenado, sino la modificación de la pena en el sentido de reducirla de perpetua a 50 o 60 años, lo que en realidad la agrava y contradice la norma constitucional, porque lleva a que una persona respecto de la cual se demuestra que ya la pena cumplió su función resocializadora debe continuar en prisión.
Parece que los impulsores de la cadena perpetua nunca buscaron hacerla compatible con la reinserción social del condenado, sino que pretendían todo lo contrario: expulsarlo de la sociedad por el resto de su vida. No niego que esa es una de las posturas teóricas posibles en cuanto a los fines que debe cumplir la sanción penal; pero si eso es lo que piensan nuestros legisladores y el Gobierno, entonces deberían decirlo abiertamente en lugar de aparentar la defensa de la resocialización mientras proponen normas que la desconocen al decir que, aun cuando a los 25 años se compruebe que el condenado es apto para vivir en sociedad, debe permanecer en prisión otros 35 años.
No creo que quienes aprobaron la reforma constitucional hayan pensado suficientemente este tema, y por eso el Gobierno está enredado tratando de endurecer a través de una ley la duración de unas penas que fueron suavizadas por una reforma constitucional más populista que realista.