Ensayo y error

UNA DE LAS MÁS ANTIGUAS FORMAS de aprendizaje es el método de ensayo y error.

Probablemente fue la manera en que el hombre primitivo comenzó a interactuar con su entorno natural, a reconocer sus propias limitaciones y a descubrir los peligros que le rodeaban. Si bien en los animales sigue siendo un método muy utilizado, el ser humano tiene tantas opciones de acceder a fuentes de conocimiento, que resulta difícil imaginar a alguien desplegando una actuación sin calcular las consecuencias de la misma, confiando tan sólo en la posibilidad de corregir posteriormente los errores que eventualmente se puedan derivar de ella.

La manera en que se ha desarrollado la reciente reforma a la salud es un buen ejemplo de esa rudimentaria técnica. Un grupo de ministros se reúne a puerta cerrada para resolver una crisis en el sector que desde hacía mucho tiempo venía anunciándose en los medios de comunicación, pero que el Gobierno ve ahora como algo sobreviniente. Redactan decenas de artículos que afectan temas tan disímiles como el Código Penal y el diagnóstico de las enfermedades, y los ponen en vigencia sin consultar a la comunidad médica, a la academia o a algún abogado informado de asuntos constitucionales, penales y disciplinarios.

Si se hubiera consultado previamente a expertos en salud, seguramente habrían entendido que la labor de un médico no puede estar restringida por guías o protocolos que no provengan de su propia ciencia; que no es legítimo amenazar con sanciones a quienes recomienden tratamientos que puedan resultar onerosos, porque la labor de un profesional de la medicina se evalúa por el acierto de sus diagnósticos y la efectividad de sus tratamientos, y no por lo económico de los mismos.

De haber escuchado previamente a algunos expertos en derecho, no sólo le habrían advertido de la inconveniencia de acudir a la declaratoria de emergencia, sino que probablemente hubieran ilustrado al Gobierno sobre los problemas que surgirán a partir de las reformas hechas al Código Penal, algunas francamente innecesarias y otras con una técnica legislativa que traerá más inconvenientes que ventajas en su aplicación.

Como ninguna de esas consultas previas se hizo, hoy abundan los pronunciamientos de los médicos, las empresas prestadoras de salud, los pacientes y los abogados, evidenciando graves errores en la redacción de los decretos. El Gobierno decidió entonces reunirse con los expertos a quienes no acudió previamente y todo parece indicar que a través de más normas se dispone a corregir algunas de las equivocaciones cometidas. Mientras la Corte Constitucional aborda el tema de la legitimidad de las medidas tomadas por el Gobierno, un grupo de parlamentarios ha anunciado que se propone abordar el análisis de la normatividad de excepción con la intención de modificarla o derogarla. Al final, puede ser que quede poca cosa de los inconsultos decretos originales; para ser más realistas, es muy factible que desde el punto de vista normativo no quede nada. Pero no todo serán pérdidas, porque alguien en el Gobierno habrá aprendido algo nuevo, como el conejo de laboratorio que a punta de equivocaciones encuentra la forma de alimentarse.