El Gobierno ha informado que al finalizar este año se habrán erradicado 130.000 hectáreas de coca, cifra que, sumada a las 100.000 del 2019, impresiona, especialmente si se tiene en cuenta que según Naciones Unidas en el 2018 la extensión de esas plantaciones en el país alcanzaba las 169.000 hectáreas. ¿Cómo puede ser que en solo dos años hayamos destruido 61.000 hectáreas más de las que había? Y si eso es así, ¿por qué necesitamos asperjar con glifosato si con el método actual en solo 15 meses podemos acabar con toda la coca sembrada en Colombia? ¿Cuáles son los avances que el Gobierno dice haber hecho en procura de cumplir las exigencias que estableció la Corte Constitucional para permitir el retorno de las aspersiones?
El ministro de Defensa ha dicho que debemos regresar a las fumigaciones aéreas porque son mucho más rápidas que las erradicaciones manuales; es el mismo razonamiento del hámster que al apretar el paso consigue que la rueda gire a mayor velocidad mientras él permanece en el mismo lugar. No es solo que buena parte de la coca esté sembrada en sitios donde esa práctica está vedada, como en las cercanías de parques naturales, comunidades indígenas y afrodescendientes, o en la frontera con Ecuador. Es que, además, el porcentaje de resiembra oscila entre el 35 % y el 50 %, porque para la mayoría de los pequeños cultivadores la presencia del Estado se reduce en esos casos a esparcir sobre sus cabezas una sustancia tóxica, lo que les deja pocas opciones de romper sus vínculos con las organizaciones ilegales que les financian y compran sus cosechas.
Si en lugar de eso se invirtiera en crear y sostener las condiciones necesarias para que esas familias pudieran derivar su sustento de actividades lícitas, la disminución de las plantaciones de coca sería real. Las cifras de Naciones Unidas muestran que en donde funciona el programa de sustitución de cultivos la resiembra ronda el 0,6 %. Por supuesto que llevar el Estado a esas apartadas regiones toma más tiempo que fumigarlas, pero la prisa del hámster no lo lleva más lejos.
Aunque se habla mucho de las labores que el Gobierno ha venido adelantando para cumplir con los requisitos que la Corte Constitucional impuso para reanudar las aspersiones aéreas, el asunto es muy concreto; lo que se debe acreditar es “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”. No parece fácil si se tiene en cuenta que en el 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer señaló al glifosato como una sustancia probablemente cancerígena; que en Europa su licencia expira en el 2022, Francia lo prohibió a partir del 2021 y Alemania, sede de la empresa que lo produce, lo hará desde el 2023. Por su parte, en Estados Unidos son ya varias las condenas a Monsanto no solo porque el glifosato causó cáncer a personas que utilizaron productos que lo contenían, sino porque el fabricante hizo todo lo posible por ocultar sus efectos nocivos; cerca de 13.000 procesos más esperan su turno ante esa justicia por hechos similares. La rueda del mundo científico marcha en la dirección contraria y el hámster acelera su paso.