Institucionalidad y academia

Uno de los argumentos que suelen utilizarse contra candidatos en la política colombiana es el del transfuguismo; como ocurre con tantas otras cosas en nuestro país, la abundancia de diagnósticos coyunturales sobre el problema conduce a respuestas facilistas como prohibiciones legales poco estructuradas cuya permeabilidad, lejos de resolverlo, terminan por perpetuarlo. A veces el inconveniente no es del político, sino de la ductilidad del espectro; lo que en una época fue el Partido Liberal, capaz de albergar pensamientos como el de Julio César Turbay, los dos Alfonso López, Álvaro Uribe, Carlos Lleras Restrepo o Juan de la Cruz Varela, para mencionar solo algunos, hoy está tan reducido que todos esos personajes serían tildados de tránsfugas.

La descontrolada profusión de movimientos políticos confunde al elector ante la dificultad de comprender la trascendencia que proyecta la levedad de tantos matices. Eso impacta también negativamente la labor del Congreso, en la medida en que se deja de legislar sobre temas sensibles que requieren debates complejos, ante el temor de perder el apoyo de los votantes si se los involucra con algo de profundidad en las discusiones.

Cuando en el Capitolio Nacional se dejan esos vacíos, se abre la puerta para que las otras ramas del poder público los llenen en busca de un remedio. La Corte Constitucional, por ejemplo, interviene a través de las sentencias de inexequibilidad condicionada concebidas como respuestas transitorias que suelen convertirse en permanentes por la inactividad parlamentaria. O el ejecutivo echa mano de instrumentos excepcionales como la emergencia económica que, a su vez, obliga a la rama judicial a verificar si en su invocación y ejercicio se respetaron los límites dentro de los cuales debe ejercerse.

En sí mismas, estas zonas de interacción comunes no son malas; son espacios que, bien utilizados, permiten el trabajo coordinado entre las ramas del poder para abordar asuntos sobre los que tienen competencias comunes en grados diversos. Lo que está mal es presentarlas como un campo de combate entre rivales, y usarlas para desprestigiar instituciones, porque eso afecta la legitimidad del Estado. Desde luego que se pueden criticar determinaciones del jefe de gobierno, del Congreso y de los jueces; pero sin asumir que la disparidad de criterios tiene que ver necesariamente con la legitimidad del órgano cuya actividad se cuestiona. Se puede discutir, por ejemplo, sobre la solidez jurídica que soporta la suspensión provisional de un decreto, sin que por ello se deba concluir que el Consejo de Estado o la Corte Constitucional son obstáculos a las labores del Ejecutivo y el Legislativo que, por lo tanto, deben suprimirse.

La academia puede y debe ayudar en la defensa de la institucionalidad; es el ambiente natural para exponer con claridad los problemas, para mostrar su trascendencia, para explicar las distintas soluciones posibles y advertir de las consecuencias positivas y negativas de cada alternativa. En definitiva, para orientar a la opinión pública en medio de la actual vorágine de información y ofrecer insumos y herramientas a los encargados de tomar decisiones.