Como parte de las actividades académicas para conmemorar los 60 años de su creación, el departamento de Penal del Externado (del cual hago parte) realizó la edición número 47 de sus Jornadas Internacionales sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en los derechos fundamentales.
Aunque se volvió a llamar la atención sobre los riesgos de su utilización y la necesidad de reglamentar su uso, resultaron especialmente llamativas las exposiciones sobre los desarrollos que se han hecho en esa zona común entre la tecnología y el derecho. Después de advertir sobre el peligro que para la ciberseguridad representa la evolución de los computadores cuánticos, por ejemplo, se mostraron los avances que ha logrado la criptografía en su propósito de conseguir estándares de seguridad que puedan resistir a las nuevas tecnologías de descifrado.
La Corte Constitucional tiene en funcionamiento a Pretoria, una plataforma que reúne información relevante de las más de 4.000 tutelas mensuales que llegan para ser eventualmente revisadas, lo cual facilita el proceso de selección que realiza el equipo humano. La automatización de algunos trámites permite impulsar y redireccionar labores en tiempos reducidos para agilizar el trabajo de los magistrados y su personal de apoyo, y los buscadores de jurisprudencia son cada vez más versátiles y precisos al abandonar el antiguo sistema de identificación de las palabras como imágenes. La Fiscalía General de la Nación dispone de una herramienta que le sirve como un primer filtro a las cerca de 2.000.000 de denuncias que recibe anualmente, y de otra que le permite realizar asociaciones de personas, delitos e investigaciones en curso, todo lo cual repercutirá en una mejor organización y eficiencia de las tareas que desempeñan sus funcionarios.
Mientras en la Gobernación del Atlántico desarrollaron AtlantIA, un software que le ayuda a optimizar la gestión de los casi 6.000 asuntos judiciales que atiende su área jurídica, en la de Bolívar cuentan con Justo Bolívar, un programa que promueve el acceso a la justicia acercándola al ciudadano mediante ese personaje artificialmente creado a partir de un habitante de la región.
Tan sorprendente como preocupante fue la presentación de las investigaciones realizadas por la WWF sobre la deforestación y los delitos ambientales en la Amazonía con asistencia de IA, complementadas con los informes y alertas que sobre el mismo tema ha producido la Defensoría del Pueblo. Ese es un buen ejemplo de cómo esta tecnología es capaz de brindar información muy detallada y actualizada, pero necesita ser complementada con la intervención del ser humano. El contraste entre la velocidad con que avanzan los daños a ese ecosistema y la paquidérmica respuesta estatal es deprimente. La precisión del monitoreo que se está realizando debería ser suficiente para que se pusieran en marcha acciones orientadas a la protección de esa reserva natural y de las tribus que allí habitan, así como para frenar el desbocado avance de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal que han logrado desplazar al narcotráfico como la principal fuente de recursos ilícitos del país.
