La continuidad de la misión de verificación de la ONU

Un componente importante del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP fue la creación de una misión de verificación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, porque supuso el reconocimiento internacional a la legitimidad del procedimiento, a lo pactado en relación con las acciones que debían emprenderse para mitigar las que allí se identificaron como principales causas del conflicto, y al modelo de justicia transicional diseñado.

El haber conseguido no solo la desmovilización efectiva de la casi totalidad del que por entonces era el grupo armado ilegal más grande y poderoso del país, sino también su voluntad de sometimiento a un sistema de responsabilidad por los crímenes cometidos que les acarrearía la imposición efectiva de sanciones, llevó a que la ONU se refiriera a esa negociación como uno de los pocos casos exitosos en el mundo. Debido a esos antecedentes, las reacciones que ha generado la renovación parcial de ese mecanismo de verificación han sido variadas; mientras algunos resaltan lo positivo de su continuación, otros hacen énfasis en lo negativo que es la reducción de sus labores. Las dos visiones son correctas, pero ambas tienen en común un aspecto sobre el que deberíamos tomar nota: las dudas del Consejo de Seguridad sobre la implementación de lo acordado —no sobre lo convenido ni la forma en que se hizo— han ido creciendo con el paso de los años. Por eso, este revés diplomático era previsible y solo puede considerarse como inesperado en cuanto a su magnitud, que pudo ser más grave.

La exclusión de las tareas de verificación de las sanciones restaurativas tiene una explicación muy clara: siete años después de su entrada en funcionamiento, la JEP solo ha conseguido sus dos primeras sentencias, sin duda un logro, pero con muchos interrogantes abiertos: ¿cuánto se tardará en hacerlas efectivas? ¿Cuándo se van a proferir las de las demás actuaciones contra las FARC-EP? ¿Cómo se va a manejar el tema de las sanciones que se les impondrán si ya han sido condenados a las máximas posibles? ¿Cuándo se va a resolver la situación jurídica de quienes no son máximos responsables? ¿Qué van a hacer con las investigaciones que siguen en la justicia ordinaria? ¿Alcanzará el tiempo para terminar los procesos contra los miembros de la Fuerza Pública que no han aceptado su responsabilidad? Las razones con las que se pretende justificar el parsimonioso avance de la JEP no acaban de convencer a un Consejo de Seguridad, consciente de que la legitimidad de la justicia está estrechamente vinculada a su celeridad. Sus respuestas tardías suelen dejar sensación de impunidad.

En contraste, la continuidad de la misión en cuanto a la reincorporación de los firmantes, las garantías de seguridad para ellos y sus familias, así como para monitorear el progreso de la reforma rural integral es muy positiva. Solo el sostenido apoyo de la comunidad internacional y el compromiso de los gobiernos colombianos pueden ayudarnos a desarrollar los puntos que en el Acuerdo se refieren a las acciones necesarias para enfrentar algunas de las causas más evidentes de nuestro conflicto armado.