Las sociedades son dinámicas. Su permanente evolución introduce continuos cambios en aspectos tan variados como la música, la recreación, la comida, el estudio, el trabajo, la manera de vestir, de hablar y de comunicarse. Esas modificaciones ocurren también en el ámbito de la delincuencia: muchos de quienes se dedican a actividades al margen de la ley exploran continuamente los vacíos legales que les permitan desarrollarlas.
Durante los últimos 40 años, mientras el Estado se ha aferrado a las mismas herramientas para combatirlo, el narcotráfico ha variado reiteradamente el esquema de su negocio, aumentando sus ganancias con una menor exposición de sus líderes. El retiro de las grandes multinacionales dedicadas a la minería dejó el campo libre a una explotación ilegal que no solo ocasiona enormes daños al medio ambiente, sino que además es generadora de violencia. Las cada vez más frecuentes y desestructuradas ofertas de incorporación a procesos de paz o sometimiento a la justicia han conducido a una considerable expansión de la criminalidad organizada que ha ocupado zonas enteras del país y que ya empieza a sentirse en las ciudades.
El Estado debe ser menos reactivo frente a estos fenómenos, explorando alternativas que le permitan recuperar la iniciativa. La policía, la fiscalía, los jueces, las alcaldías, las gobernaciones y el sistema penitenciario deben replantearse la forma en que operan. Un primer paso debería ser el de separar el tratamiento de las organizaciones criminales del de la delincuencia ordinaria. Para aquellas debe haber una normatividad especial que permita orientar las investigaciones hacia su desmantelamiento, que facilite el juzgamiento y condena de todos quienes las integran para evitar que solo se pueda procesar a los eslabones más débiles de la cadena criminal, y que haga posible su reclusión en sitios y condiciones aptas para evitar que sigan delinquiendo desde allí. Es importante que la academia haga propuestas, que el Congreso impulse leyes, que el Gobierno Nacional y los locales estén dispuestos a dedicar recursos para la policía, los organismos de investigación y la actualización del sistema penitenciario.
A nivel internacional esos cambios se han venido produciendo desde hace muchos años, lo que permite valernos de sus experiencias para recuperar el terreno perdido. Se debe trabajar en la creación de nuevas figuras delictivas que faciliten la investigación y juzgamiento de los líderes de bandas delincuenciales, así como en el diseño y puesta en funcionamiento de medidas de seguridad que permitan el monitoreo y control de personas que, aún después de haber cumplido su pena, sigan representando un peligro para la comunidad (ver, por ejemplo, esta nota editorial de la revista de derecho penal del Externado). Sin embargo, son instrumentos que deben estudiarse e implementarse con cuidado, porque si bien están orientados a proteger la seguridad de los ciudadanos, solo serán legítimos si las limitaciones a los derechos de los que resulten afectados con ellas son proporcionales al beneficio que reportan para la sociedad.
