La idea de utilizar la justicia penal como la principal herramienta para precaver el delito es equivocada y peligrosa. Lo primero, porque parte de confundir el castigo de los delitos con su prevención; el derecho penal nació para sancionar a quienes ya han cometido un crimen, lo cual pone de presente que es esencialmente reactivo: solo opera cuando ya el delito ha ocurrido; la creencia de que su intervención evita que otras personas infrinjan la ley penal ha sido desvirtuada durante siglos, como lo evidencia la figura de la reincidencia. Lo segundo, su peligrosidad, es consecuencia de suponer que haciendo más severa la justicia penal se aumenta la seguridad; eso lleva a que se disminuyan los requisitos para imponer detenciones preventivas, a que se aumente su duración y a un relajamiento en cuanto a las condiciones en que deben cumplirse, todo ello en detrimento de derechos fundamentales.
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Esto no quiere decir que se deba prescindir del derecho penal; debe seguir siendo utilizado, pero de forma oportuna y moderada. La promesa del alcalde electo de Bogotá, en el sentido de centrar sus esfuerzos en el combate de las organizaciones criminales que se sirven de los pequeños delincuentes, es un buen ejemplo de su aplicación racional. Ampliar la capacidad de la cárcel distrital —reconocida internacionalmente por sus niveles de respeto a los derechos de las personas detenidas cautelarmente—, como lo anunció Galán, es otra muestra de su utilización mesurada.
La seguridad, por el contrario, se refiere a todas las actividades que un Estado puede desarrollar para impedir que se cometan delitos; en este ámbito son útiles herramientas como las cámaras con reconocimiento facial o el fortalecimiento y la flexibilización de los cuadrantes con los que opera la Policía, que son algunas de las propuestas que Galán formuló. Junto al uso de tecnología como esta, resulta imprescindible trabajar en temas de cultura ciudadana, como ya hizo con éxito el exalcalde Mockus y consta en el programa del mandatario electo. Esa es una labor que el nuevo gobierno distrital debe propiciar a nivel familiar, en los colegios desde la educación básica y con campañas pedagógicas a cargo de sus distintas secretarías. Como parte de ese propósito, debería dedicarle también algún tiempo y esfuerzo al fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que no solo contribuyen a generar cohesión social y sensación de que los problemas se resuelven de manera ágil y eficaz, sino que descarga de trabajo a los fiscales y jueces ordinarios.
Galán ofreció también mejorar los procesos de reinserción social con ayuda del sector privado y las universidades. Para ello cuenta con Casa Libertad, una entidad que nació como piloto en el Ministerio de Justicia y, después de haber probado su eficiencia, fue entregada a las alcaldías para su administración y desarrollo. En sus primeros años fue evidente el apoyo de instituciones y empresas particulares que casi con seguridad seguirían prestándoselo. Y sé de universidades —entre ellas el Externado de Colombia, a través de su Departamento de Derecho Penal— que han mostrado su interés en vincularse a este proyecto.
