Hace varios años se instaló en el Palacio Liévano una placa relativa a la toma del Palacio de Justicia ocurrida en 1985. Su contenido ponía en evidencia el comportamiento delictivo del M-19, pero omitía referirse a que la desmedida respuesta de las Fuerzas Armadas también desembocó en conductas al margen de la ley.
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Helena Urán, hija de uno de los magistrados auxiliares asesinado en ese contexto, inició una acción judicial para conseguir que esa placa fuera sustituida por otra que reconociera a todas las víctimas por igual. Si bien entre ellas hubo consenso en cuanto a la necesidad de retirar la ya instalada, solo se consiguió un acuerdo parcial sobre lo que debía ser el nuevo texto. Se convino en que debía mantenerse una alusión a que el M-19 asaltó el Palacio y tomó como rehenes a cientos de civiles, y en cuanto a que la desproporcionada reacción de las fuerzas armadas dejó como resultado cerca de un centenar de muertos y un puñado de desaparecidos.
Las discrepancias surgieron alrededor de un tercer párrafo en el que se proponía resaltar que, gracias a la persistencia de los familiares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas ocurridas en ese ámbito. Para zanjar el debate se convino que el Tribunal para la Paz de la JEP redactara esa parte, lo cual hizo recientemente en términos muy parecidos a los acabados de señalar, y le ordenó al alcalde de Bogotá la instalación de la placa con esa leyenda.
A diferencia de las dos secciones que se refieren de manera objetiva a la censurable participación del M-19 y de las Fuerzas Armadas en esos luctuosos acontecimientos, la que recomienda la JEP termina favoreciendo la posición de uno de esos actores, al hacer énfasis en que solo la actuación del Estado en esos lamentables sucesos ha conducido a la emisión de sentencias condenatorias, tanto a nivel nacional como internacional.
Es verdad que ninguno de los integrantes del comando que asaltó el Palacio fue condenado por los crímenes cometidos, debido a que casi todos fallecieron en él, y que al ser una organización delictiva no se la podía demandar por la vía contencioso-administrativa; también es cierto que quienes por entonces eran dirigentes del M-19 niegan de manera reiterada y solidaria haber tenido conocimiento de ese plan criminal, lo que los mantiene al margen de cualquier responsabilidad judicial.
Pero incluir este párrafo, omitiendo toda referencia a las razones por las cuales ni el M-19 ni sus integrantes han respondido ante la justicia por esos crímenes, lleva a un tratamiento desigual de las víctimas y tiende a distorsionar la historia. Lo preferible sería que la placa se instalara solo con los apartes sobre los que hubo consenso y que describen lo más objetivamente posible las conductas de quienes tomaron parte en esos hechos. En un clima preelectoral donde las banderas del M-19 parecen jugar un papel destacado, generar la sensación de que el principal responsable de ese holocausto fue el Estado porque solo sobre él han recaído sentencias condenatorias es, cuando menos, aventurado.
