Con el argumento de que es necesario controlar el abuso que se hace de ella, el Gobierno ha propuesto introducir varias reformas a la tutela. Se dice que resulta imperioso establecer límites a su utilización, para evitar que los despachos judiciales se congestionen con el elevado número que de ellas deben atender y que, en el caso de la Corte Constitucional, ya rebasó los siete millones.
Antes de restringir su empleo, convendría pensar en las razones por las que tantos ciudadanos se valen de ella. Lo hacen porque es una herramienta judicial despojada de formalidades, a la que cualquier persona puede acudir aunque carezca de conocimientos jurídicos y sin necesidad de contratar un abogado; porque, en términos generales, tiene la posibilidad de presentarla ante jueces cercanos; porque sabe que obtendrá una respuesta muy rápida a su solicitud; porque es consciente de que si la tutela prospera, existen mecanismos ágiles y eficientes para hacer cumplir esas decisiones. Pero también porque se ocupa de pequeños problemas que para el ciudadano son importantes, pero para los que la justicia ordinaria no suele tener tiempo. En síntesis, la gente recurre a ella porque es un instrumento amigable de solución de conflictos, de fácil empleo, respuesta rápida, protección efectiva de sus derechos y de amplio espectro.
Resulta un poco sorprendente que en un país en el que la desconfianza hacia la administración de justicia es tan alta, la gran mayoría de los ciudadanos crean en la tutela, porque esta no es sino una manifestación concreta de aquella; pero esa aparente contradicción se explica porque la gente ve en ella todo lo que espera y no suele percibir en la justicia. Cada vez que alguien instaura una acción de tutela, está poniendo de presente dos cosas: que se le está vulnerando un derecho fundamental y que no tiene a su disposición un mecanismo más eficiente para hacerlo respetar. Si no fuera víctima de un abuso, o si tuviera una forma diversa y eficaz de protección, no estaría haciendo uso de esa que fue concebida como una herramienta de uso excepcional.
Si se quiere disminuir el número de tutelas, lo que se debe hacer es ocuparse de las causas que las originan; la gran mayoría de ellas se interponen por deficiencias en la prestación del servicio de salud y por la falta de respuesta oportuna a derechos de petición. Si se le ponen trabas al ejercicio de la acción de tutela, lo único que se consigue es hacerles más difícil a las personas la protección de sus derechos, acrecentando su desconfianza hacia la administración de justicia y tornándolas más proclives a resolver conflictos por su propia mano. Si, por el contrario, se invierten más tiempo y recursos en mejorar la atención de los pacientes o en conseguir que los derechos de petición se respondan de manera adecuada y dentro de los tiempos legales, el uso de la tutela se reducirá de manera considerable. Pero eso solo es posible si se entiende que la tutela no es el problema, sino tan solo el síntoma del mismo: la enorme cantidad de violaciones a derechos fundamentales, frente a las que el ciudadano no dispone de un mecanismo de solución rápida y eficiente.
Con el argumento de que es necesario controlar el abuso que se hace de ella, el Gobierno ha propuesto introducir varias reformas a la tutela. Se dice que resulta imperioso establecer límites a su utilización, para evitar que los despachos judiciales se congestionen con el elevado número que de ellas deben atender y que, en el caso de la Corte Constitucional, ya rebasó los siete millones.
Antes de restringir su empleo, convendría pensar en las razones por las que tantos ciudadanos se valen de ella. Lo hacen porque es una herramienta judicial despojada de formalidades, a la que cualquier persona puede acudir aunque carezca de conocimientos jurídicos y sin necesidad de contratar un abogado; porque, en términos generales, tiene la posibilidad de presentarla ante jueces cercanos; porque sabe que obtendrá una respuesta muy rápida a su solicitud; porque es consciente de que si la tutela prospera, existen mecanismos ágiles y eficientes para hacer cumplir esas decisiones. Pero también porque se ocupa de pequeños problemas que para el ciudadano son importantes, pero para los que la justicia ordinaria no suele tener tiempo. En síntesis, la gente recurre a ella porque es un instrumento amigable de solución de conflictos, de fácil empleo, respuesta rápida, protección efectiva de sus derechos y de amplio espectro.
Resulta un poco sorprendente que en un país en el que la desconfianza hacia la administración de justicia es tan alta, la gran mayoría de los ciudadanos crean en la tutela, porque esta no es sino una manifestación concreta de aquella; pero esa aparente contradicción se explica porque la gente ve en ella todo lo que espera y no suele percibir en la justicia. Cada vez que alguien instaura una acción de tutela, está poniendo de presente dos cosas: que se le está vulnerando un derecho fundamental y que no tiene a su disposición un mecanismo más eficiente para hacerlo respetar. Si no fuera víctima de un abuso, o si tuviera una forma diversa y eficaz de protección, no estaría haciendo uso de esa que fue concebida como una herramienta de uso excepcional.
Si se quiere disminuir el número de tutelas, lo que se debe hacer es ocuparse de las causas que las originan; la gran mayoría de ellas se interponen por deficiencias en la prestación del servicio de salud y por la falta de respuesta oportuna a derechos de petición. Si se le ponen trabas al ejercicio de la acción de tutela, lo único que se consigue es hacerles más difícil a las personas la protección de sus derechos, acrecentando su desconfianza hacia la administración de justicia y tornándolas más proclives a resolver conflictos por su propia mano. Si, por el contrario, se invierten más tiempo y recursos en mejorar la atención de los pacientes o en conseguir que los derechos de petición se respondan de manera adecuada y dentro de los tiempos legales, el uso de la tutela se reducirá de manera considerable. Pero eso solo es posible si se entiende que la tutela no es el problema, sino tan solo el síntoma del mismo: la enorme cantidad de violaciones a derechos fundamentales, frente a las que el ciudadano no dispone de un mecanismo de solución rápida y eficiente.