El reciente homicidio del director de la Cárcel Modelo de Bogotá ha despertado una vez más la atención de la opinión pública, como ocurre cada vez que se tiene conocimiento de la fuga de un recluso peligroso, de ataques mortales a guardianes del Inpec, de amenazas al personal de dirección y custodia de las prisiones, o del incremento de las llamadas extorsivas desde el interior de ellas. Desafortunadamente temas como los que acabo de mencionar -de todos los cuales hemos tenido ejemplos en estos primeros cinco meses del año- suelen ser tratados como cuestiones coyunturales y no como lo que realmente son: parte de un problema estructural más diagnosticado que intervenido.
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Lo primero que debe quedar claro es que estamos frente a un asunto central de política criminal, cuyo manejo debe hacer parte de un programa diseñado por el Estado a mediano y largo plazo, aun cuando su realización -con eventuales ajustes puntuales- quede en manos de los gobiernos. Sobre ese supuesto, debe acudirse a los múltiples estudios que existen para, a partir de ellos, trazar un plan de acción cuyo desarrollo debe ser ininterrumpido y contar con la financiación que requiere.
Un segundo aspecto que debe tenerse en cuenta es que la desaparición de este tipo de pena es tan solo una aspiración utópica de la ciencia penal, que debe servir para que el Estado profundice en el estudio de las causas del delito y busque solucionarlas con herramientas diferentes de las punitivas y, cuando su aplicación resulte necesaria, con la imposición de sanciones distintas de las restrictivas de la libertad individual. No hay que empeñarse en acabar con las prisiones, sino en la disminución cuantitativa y cualitativa de la conflictividad social; ese es el camino por el que algunos países del norte de Europa han conseguido reducir la necesidad de recurrir a la pena de cárcel.
Pero mientras se hace esa larga travesía, es indispensable fortalecer el sistema penitenciario sin renunciar a la idea de utilizarlo como un componente de los procesos de reinserción social que, tal como está previsto en la ley, es progresivo y comienza con una etapa de aislamiento que se va aligerando a medida que la resocialización avanza. La implementación de estas normas implica que, por lo menos para la primera fase, el país cuente con una estructura penitenciaria moderna, construida en sitios donde la seguridad física y electrónica sea más fácil de aplicar, y con ayudas tecnológicas que disminuyan al máximo la interacción entre los reclusos y el personal de vigilancia, garantizando siempre el respeto de los derechos fundamentales de los detenidos y condenados.
Si bien el liderazgo de este tipo de modificaciones le corresponde al Ministerio de Justicia, no pueden ser ejecutadas sin el compromiso decidido de un Gobierno que las incluya como un propósito de Estado y garantice financieramente su puesta en práctica durante los próximos años. Mientras eso no ocurra, seguiremos quejándonos periódicamente de las imperfecciones de nuestro sistema penitenciario y escuchando más ideas y opiniones sobre un problema respecto del cual existen diagnósticos muy completos desde hace lustros.
