Según dijo el presidente Duque hace poco, ya habló con el fiscal “para que se hagan todas las capturas que sean necesarias” por la fuga de alias Matamba de La Picota. Recientemente la Fiscalía anunció que ha resuelto el 68,35 % de los homicidios cometidos en el 2021 contra líderes sociales. No hace mucho, el fiscal aseguró que si hubiera tenido en sus manos el caso Colmenares lo habría resuelto en 20 días, afirmación que coincide con una suya del año pasado cuando aseveró que el ente bajo su control ha solucionado el 70 % de los crímenes en 20 días promedio. Este mismo mes expresó que en sus dos años de gestión realizó 252.188 imputaciones y 70.527 acusaciones, en su indeclinable propósito de mostrarse como el mejor fiscal de la historia.
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Esos datos impactan a la opinión pública y quienes los suministran lo saben; por eso no solo no se preocupan por matizarlos, sino que buscan no hacerlo. En puridad de términos, un crimen se puede considerar esclarecido cuando un juez profiere una decisión definitiva en la que afirma la existencia de un hecho punible y la responsabilidad que a alguien le cabe por él. Esta precisión es importante porque ni todo lo que se denuncia es infracción a una norma penal ni todos los capturados, imputados o acusados son delincuentes.
En un reciente informe la Corporación Excelencia en la Justicia indica que durante el 2021 casi el 78 % de las denuncias que llegaron a conocimiento de la Fiscalía se archivaron; algo más de un tercio de ellas (36 %), porque la conducta no era delictiva, pero la mayoría (58 %), porque no se pudo individualizar al responsable o no se logró identificar una víctima. Si se eliminan formas anticipadas de terminar el proceso con un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, como las conciliaciones (1,5 %) o la preclusión (2,9 %), que es la declaración de inocencia de alguien proferida por un juez, de todas las noticias criminales que recibe anualmente la Fiscalía solo el 4,4 % llegan a la fase en la que un juez dicta sentencia. En cuanto a su contenido, el año pasado la mayoría de ellas (60 %) fueron absolutorias y solo en un porcentaje reducido (40 %) se consiguió la condena del acusado. Una síntesis de estas cifras nos muestra que la Fiscalía archiva casi el 80 % de las denuncias que recibe, que ello obedece en la mayoría de las veces a su incapacidad de resolver los casos y que del reducido número de procesos que lleva a juicio (4,4 %) pierde el 60 %.
Al revisar las cifras de los últimos diez años se puede apreciar un sostenido deterioro de algunos de estos indicadores, pues las sentencias absolutorias crecieron del 28 % en 2011 al 60 % en 2021, sin que se haya logrado revertir la tendencia. Se insiste en valorar a los fiscales por el número de imputaciones que hagan y se le sigue diciendo a la opinión pública que eso equivale a esclarecer los delitos, cuando no se opta por culpar a los jueces de los malos resultados. La situación puede empeorar ahora que la ley permite que se elija para el cargo de fiscal general a quien se haya graduado de abogado, aunque carezca de experiencia no ya en asuntos penales, como hasta ahora ha ocurrido mayoritariamente, sino en el ámbito jurídico.
