A partir de una desafortunada e innecesaria frase de un juez de control de garantías sobre el costo económico de las prisiones, la alcaldesa de Bogotá volvió a enfilar baterías contra los funcionarios judiciales por dejar en libertad a un alto porcentaje de capturados. Políticamente es un discurso que le sirve para intentar liberarse de responsabilidad por la creciente inseguridad de la ciudad, endilgándosela a otros. Pero desde el punto de vista jurídico demuestra un desconocimiento o una confusión conceptual que no debería transmitir a la ciudadanía.
Lo primero que debe quedar claro es que, en virtud de la presunción consagrada...
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