Explorar nuevas formas de solución de conflictos me parece una de las prioridades en materia de justicia, porque esa diversificación permite racionalizar el trabajo de la administración de justicia. Pero no se trata de un ejercicio para el que se disponga de absoluta libertad, sino que debe responder a unos parámetros previos de política criminal. No es un buen mensaje, por ejemplo, el de ofrecer penas más reducidas y mejores condiciones de reclusión a los criminales más violentos; tratamientos de esta índole deberían estar reservados para pequeños infractores de la ley penal, como los ladrones no reincidentes que no causen daño a la salud de sus víctimas. Así se podría desestimular el uso de las armas en los delitos contra el patrimonio económico, lo que, si bien no reduciría los hurtos, sí podría ayudar a disminuir lesiones y homicidios como consecuencia de atracos.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Tampoco está bien borrar las fronteras entre el delito ordinario y el político, porque al ser distintas las razones por las que algunos se sitúan al margen de la ley, también deben serlo las respuestas que el Estado les otorgue. Mientras un delincuente ordinario se sirve del sistema para su provecho personal (los hurtos en países donde exista la propiedad privada), el delincuente político no comparte la estructura social o económica del Estado y quiere modificarla en beneficio de lo que él considera sería deseable para la colectividad.
Frente a esta última clase de criminalidad, el conflicto puede superarse conviniendo ajustes en el sistema, siempre que ellos sean razonables; es lo que se hizo en la negociación con las Farc-Ep, en la que se admitió la necesidad de introducir cambios en los mecanismos de participación política, en la distribución de la tierra y en el manejo de los pequeños cultivadores de coca. Conseguidos esos objetivos sin el uso de las armas, esa guerrilla se desmovilizó y aceptó entrar en el debate político para insistir en otros cambios. Si bien este tipo de acuerdos se pueden explorar también con el Eln, convendría que las conversaciones se adelantaran a partir de lo construido con las Farc-Ep, de tal manera que se pueda hacer uso de todas o algunas de las instituciones surgidas con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Eso acortaría los tiempos de discusión y permitiría aprovechar la experiencia que se ha ido adquiriendo con el funcionamiento de la JEP.
Con aquellos grupos armados al margen de la ley cuyo origen no sea político, también se pueden explorar formas de solución, pero no a través de un proceso de paz porque se trata de delincuentes ordinarios. Las sanciones previstas para sus crímenes deben seguir siendo privativas de la libertad para no enviar el equivocado mensaje de que entre más poder de fuego se tenga y mayor intimidación se genere, más benévolo es el tratamiento que el Estado les brinda a quienes se mueven al margen de la ley. Lo que sí es admisible respecto de ellos es reducirles la duración de la pena de prisión a cambio del abandono de sus actividades delictivas y, sobre todo, de la entrega de los dineros y bienes ilícitamente obtenidos con ellas.
